Los sindicatos están informando desde primera hora de la mañana a los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado en el Ayuntamiento, que supone el despido de 300 trabajadores. De este modo se acaba con la incertidumbre vivida por la plantilla en estas últimas semanas, prolongada ayer como consecuencia de la negativa de los representantes de los trabajadores a recoger la documentación que les pretendía entregar la consultora Deloitte.

Tanto las secciones sindicales como el propio Ejecutivo se perdieron este jueves en formalismos legales para evitar que trascendiera el listado de despedidos, una postura que únicamente sirve para prolongar la agonía de los trabajadores y que, en todo caso, no cambiará su suerte final. De hecho, la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, se encargó de advertir de que el periodo de consultas se encuentra ya formalmente abierto y que culminará de modo irremediable el próximo 19 de agosto.

Las secciones sindicales alegaron un presunto defecto de forma para no iniciar la negociación del ERE. Según explicaron los representantes sindicales, al iniciarse las conversaciones se encontraron con que no estaba presente ni la alcaldesa, María José García-Pelayo -que fue quien les había convocado a través de un burofax- y con que tampoco había documentación para todos los delegados presentes en la reunión, sino únicamente una copia para el comité de empresa, otra para la junta de personal y una última para el conjunto de secciones sindicales.

Este hecho bastó para que, “por mayoría”, se adoptara la determinación de no retirar la documentación en la que se incluía la relación nominal de los trescientos trabajadores propuestos para el despido.

 

El SIP retirará la documentación del expediente

El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP) se desmarcó de la estrategia defendida por el resto de secciones sindicales, mostrándose favorable a retirar la documentación que pretendía entregar Deloitte para de este modo “no alargar la agonía” de los trabajadores.

El presidente de la Junta de Personal, Miguel Peña, avanzó además que la intención del sindicato es retirar esa documentación este viernes en la Secretaría General del Ayuntamiento, donde se encontrará a disposición de todas las secciones sindicales. “Muchos trabajadores quieren saber cuál es su situación y están en su derecho. Hoy no hemos retirado la documentación porque la mayoría así lo había decidido, pero hemos hecho constar en acta nuestra postura”, aclaró Peña. El SIP representa a un colectivo que no se verá afectado por el ERE, ya que los efectivos policiales son funcionarios de carrera.

 

La Junta ya tiene el expediente

Mientras el Gobierno local y los sindicatos cruzaban declaraciones sobre el modo en que se había desarrollado el primer encuentro entre Deloitte y los representantes de los trabajadores, la consultora registraba en la Consejería de Empleo la documentación que a primera hora de la mañana había quedado sobre la mesa de la Delegación municipal de Recursos. De este modo se iniciaba formalmente un periodo de consultas que se prolongará hasta el próximo 19 de agosto, y cuyos plazos no van a alterarse a pesar de la “maniobra de dilación” puesta en marcha por las secciones sindicales.

En presencia de un buen número de representantes sindicales, la alcaldesa, María José García-Pelayo, lamentó “profundamente” la actitud adoptada por la parte social en el encuentro con Deloitte, desde el convencimiento de que “no es una buena decisión” para la plantilla. “Se ha cumplido con la legalidad vigente. El procedimiento no tiene ningún fallo, ni hay problemas de fondo ni de forma”, advirtió.

A este respecto, añadió que “los plazos ya están corriendo” y negó que la tramitación del expediente pueda “paralizarse” por causa alguna. “Por el bien de todos los trabajadores del Ayuntamiento, pido al comité que recoja la documentación, porque es quien tiene que recogerla, y que negocie a lo largo de este mes con Deloitte, que tiene legitimidad absoluta para hacerlo. Estoy absolutamente convencida de que eso es lo esperan los trabajadores de sus representantes”, aseveró García-Pelayo. Incluso, la regidora consideró de que ayer, “más que un enfrentamiento entre el Gobierno y los sindicatos”, se produjo realmente un desencuentro “evidente” entre los propios representantes de los trabajadores.

La alcaldesa avanzó por otra parte que “inmediatamente” se pondrán en marcha los expedientes de regulación de empleo en las empresas municipales afectadas por esta medida, que supondrán el despido de otros 90 trabajadores.