El próximo mes de enero está previsto que se produzca una importante subida salarial (entre el 10% y el 12%), como preacuerdo del XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, al que todas las entidades que forman parte de Plena Inclusión Andalucía se han acogido. "Una muy buena noticia" que llega "tras muchos años de espera, ya que por fin se dignifica y reconoce la labor de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad", apuntan desde Afanas Jerez.
Sin embargo, este logro conlleva una parte amarga: la subida salarial no vendrá acompañada de la actualización correspondiente del coste-plaza. "A día de hoy el sector no está recibiendo de la Administración Pública la totalidad de lo acordado y se hace muy difícil hacer frente a los gastos y salarios, así que a partir del próximo año muchas entidades lo tendrán aún más complicado y los servicios se verán gravemente afectados".
Para intentar revertir esta situación los centros de Afanas Jerez, Autismo Cádiz, Aspanido, Afamedis, Upacesur Jerez y Trebujena y Cedown han llevado a cabo una serie de reivindicaciones cuyo objetivo principal es exigir una "financiación justa y sostenible" para las entidades, ya que esta situación "afecta de lleno a personas con discapacidad, profesionales, familias, proveedores y, como consecuencia de ello, a la sociedad en general, por lo que necesitamos la colaboración de toda la sociedad".
CERMI Andalucía, con el apoyo de Plena Inclusión Andalucía, ha impulsado así un programa de acciones que han comenzado este jueves en los propios centros de las entidades a nivel local. Si la situación no se remedia, el día 3 de diciembre acudirán ante el Palacio de San Telmo, en Sevilla, con una gran movilización.
Concentraciones
Este mediodía, usuarios, familiares, trabajadores y voluntarios han salido juntos a las puertas de sus centros para leer el ‘Manifiesto por la financiación justa para las entidades de discapacidad’, aprobado en el seno de CERMI Andalucía, en el que se advierte de que “más de 550.000 personas con discapacidad dependen de los servicios que ofrecemos”, si bien esos servicios “están bajo amenaza debido a la falta de una financiación adecuada y sostenible”, por lo que se han visto obligados a exigir los recursos necesarios para garantizar la continuidad y calidad de los servicios que brindan, y con el compromiso de "seguir luchando para que nuestras demandas sean escuchadas y podamos asegurar el futuro de los servicios esenciales para la comunidad".
El manifiesto
El manifiesto recoge que “la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos. Los servicios que prestamos y los recursos que gestionamos son el pilar que sostiene la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Sin ellos, muchas personas y familias quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan”. En este sentido, el texto recoge reivindicaciones concretas, como son:
- “Una financiación que cubra los costes reales. No estamos pidiendo lujosni privilegios”, ya que únicamente se exige “lo necesario para operar de manera sostenible y justa”.
- Un compromiso firme por parte de las autoridades “para que no tengamosque luchar año tras año por una financiación básica. Necesitamos una solución alargo plazo”.
- Y “un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidadde las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan. Las personascon discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que losservicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta derecursos”.
En este sentido, el manifiesto incluye reivindicaciones tanto al Gobierno de la Nación como a la Junta de Andalucía. Así, al primero de ellos se le reclama la elaboración de “un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a personas en situación de dependencia, que pasa por asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración General del Estado (AGE), en función del número de personas ensituación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva;y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada Administración”.
Mientras, a la Junta de Andalucía se le exige “un nuevo modelo de financiación que financie losservicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios paraprestarlos. Un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora yajustada a las necesidades de cada persona”.
