Al final la utilización irregular (para pagar otras facturas supuestamente) de las cantidades económicas recogidas por multas de la Policía Local fuera del horario habitual durante los años 2000 a 2003, el caso de la caja B, puede volverse en contra del partido que instó a su investigación, el PSOE.

La comisión de investigación de esta caja B de la Policía Local además de cerrar esta primera investigación ha dejado indicios de inicio sobre una nueva irregularidad dentro de los pagos de las multas derivadas del servicio de grúa municipal.

Esta comisión ha desvelado a través de documentos como durante el año 2007, donde estaba el PSOE en el equipo de gobierno municipal, se ordenó desde altas instancias municipales, dícese una delegación del equipo de gobierno, que ciertos ciudadanos vinculados a los ediles Juan Carlos Ruiz Boix, Miguel Núñez y José Guillén, estaban exentos de pagar las multas de vehículos derivadas de la grúa municipal.

Un caso bastante grave de trato de favor. El PSOE y sobre todo su actual alcaldable, Juan Carlos Ruiz Boix, está obligado a explicar a los ciudadanos esta irregularidad y depurar todas las posibles responsabilidades. Además, dentro del cierre de la caja B, el PIVG denunció ayer también que el concejal de Seguridad Ciudadana del PSOE posterior, Miguel Núñez, cayó deliberadamente las irregularidad.