El exalcalde de Jaén José Enrique Fernández de Moya tendrá que declarar el próximo 5 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital en calidad de investigado por la querella que el PSOE puso a finales de 2017 en relación a supuestos pagos “inflados” a la empresa Matinsreg, de Toro (Zamora), a la que se adjudicó el servicio de conservación de las fuentes ornamentales y semáforos. Además del secretario de Estado de Hacienda, también están citados en calidad de investigados la actual teniente de alcalde del Ayuntamiento, Rosa Cárdenas (por las firmas que tuvo que realizar cuando estuvo de alcaldesa en funciones), un técnico municipal y un representante de la empresa Matinsreg. Los hechos por los que están investigados estas cuatro personas podrían constituir delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.
Del informe aportado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y adelantado ayer por Radio Jaén-SER, se deducen “indicios suficientes para atribuir a las personas denunciadas la posible comisión de los ilícitos penales”. El auto recoge que en 2012 se designó “de facto” la empresa Matisreg, a la que se encomendó la prestación del servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales, con el añadido de que se aceptó la presentación de facturas que, según informe de la Guardia Civil, pudieran ser calificadas como “falsas” ya que se incorporaban “conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, lo que supuso el enorme incremento de precio para el erario público del Ayuntamiento (se estima un quebranto de 3,6 millones), incrementando enormemente el precio de los servicios (en algunos casos no prestados) y los productos facturados (no empleados realmente) en el mantenimiento de las fuentes para generar un sobrecoste de considerable gravedad”. El auto añade que De Moya, ordenó los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor.
El juez establece que “aparentemente se facturaba de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, se incrementaban los costes de los productos empleados y la cantidad de los facturados”. El principal responsable de la emisión de las facturas es un representante de la empresa Matinsreg, también citado.
"Legalidad"
“Mi patrimonio es mi honestidad, mi patrimonio es mi integridad personal y esta no la va a destruir nadie”, fueron las primeras palabras de José Enrique Fernández de Moya tras conocerse su citación judicial como investigado. Para el exalcalde jienense, la causa penal por la que ha sido llamado a declarar “fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014” y defendió que ese archivo se hizo porque “consideró que este alcalde actuó en todo momento con el principio de legalidad en la mano”. “Sería bueno que se recordarán los antecedentes en esta causa y que ponían en valor un elemento extraordinariamente importante, que es que si se coge el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 113, con un informe del secretario del Ayuntamiento, establecía claramente la plena validez de la actuación de este alcalde”, remarcó. Y sobre las peticiones de dimisión que le llegaron ayer, De Moya descartó esa posibilidad. “Imagino que como cualquier ciudadanos español tengo derecho a defenderme”. Y el PP de Jaén -del que De Moya es presidente de honor- indicó en un comunicado que respalda y confía “plenamente” en la gestión del exregidor jienense, “siempre en estricto cumplimiento de la legalidad”, al tiempo que lamentó que se intente “desgastar la figura de una persona honesta, íntegra y de conducta intachable”. Y lamentaron la “utilización” del tema por otros partidos.
Reacciones
La citación como investigado del exalcalde jienense tuvo ayer una enorme repercusión política a nivel nacional. El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, pidió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que “fulmine inmediatamente” al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández De Moya. “¿Qué va a ser lo siguiente?, ¿poner a El Dioni al frente de las cuentas públicas?”, ironizó Gil, tras subrayar que “no se sostiene” que De Moya continúe como número dos del Ministerio de Hacienda cuando se le imputan delitos como malversación. Sin embargo, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, se mostró mucho más prudente y, tras mostrar su respeto a la justicia, eludió pedir la dimisión de De Moya, aunque sí habló de “depurar las responsabilidades oportunas”. Reyes habló de unos hechos “tremendos”, que habrían supuesto un quebranto de 3,6 millones de euros a las arcas municipales. Y sobre la condición de De Moya como “vigilante” de los Consistorios, Reyes se preguntó: “¿Y quién vigila al vigilante?”.
El diputado de Unidos Podemos y líder de Izquierda Unida Alberto Garzón fue el primero en pedir la dimisión del número dos de Hacienda para “mantener la credibilidad” de las cuentas del Estado y considerar que su imputación deja “mermada” la confianza en los Presupuestos de 2018. El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso solicitó la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y el portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Juan Marín, manifestó que “es muy triste que un secretario de Estado de Hacienda sea investigado por los delitos además de los que presuntamente se le imputan” y demandó explicaciones de la forma más rápida y urgente posible. Marín recordó que Fernández de Moya “no solo fue el alcalde que dejó el Ayuntamiento de Jaén en una situación completamente de quiebra económica, con más de 500 millones de euros de deuda”, por lo que dijo no entender su llegada al Ministerio de Hacienda “salvo si se entiende que las puertas giratorias existen también en el PP”. Y el grupo de Jaén en Común (JeC) recordó ayer el escrito presentado en junio de 2016 ante el Ayuntamiento y ante la Alcaldía de Jaén para investigar “el comportamiento irregular de la relación contractual entre el Ayuntamiento jienense y la empresa Matinsreg”, concesionaria de las fuentes.
