El secretario general del PSOE y presidente de la Diputación provincial, Francisco Reyes comparaba ayer dos cifras en el balance de tres años de mandato. Por un lado destacaba los 17,8 millones de euros invertidos en la capital, a pesar de que las competencias de la diputaciones se ciñen a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y por otro 1,7 millones de euros, que asegura les debe el Ayuntamiento a la administración provincial. En este sentido, Reyes aseguraba que se trata de una deuda que el alcalde “mantiene con toda la provincia” y que pone negro sobre blanco la diferente gestión que se hace en una administración y otra.
Entre las inversiones de la administración provincial en la capital, destacó la remodelación de la Avenida Ruiz Jiménez (129.000 euros), las partidas para mejora del alumbrado (268.000 euros), la adecuación pendiente del Paseo de las Bicicletas (109.000 euros), la adecuación del camino de acceso a Fuente del Realejo, las intervenciones ejecutadas en carreteras, el mantenimiento de la Vía Verde (con una deuda de 600.000 euros por parte del Ayuntamiento con el Consorcio), planes de empleo (300.000 euros), acciones en sector turístico y apoyo a la Catedral. Además de otras actuaciones sin cuantificar, como la promoción del Viaje al Tiempo de los Iberos, el Plan de Castillos, las actuaciones en el yacimiento de Puente Tablas, la nueva musealización del Castillo, la señalización turística o la rehabilitación del Palacio de Villardompardo. Por su parte, el secretario del PSOE de la ciudad, Manuel Fernández, Fernández dijo que el alcalde está asentado “en una demagogia” con la confrontación política como base que está llevando a Jaén a un retroceso.
El portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ángel García Anguita, considera que la Diputación tiene “falta de legitimidad moral” para hacer un balance de actuación en la capital, y cree que tanto el PSOE como Reyes viven en una actualidad paralela muy alejada de los problemas cotidianos de los ciudadanos.
Por su parte, la portavoz del PP en la Diputación, María del Mar Dávila, exigía al presidente de la Diputación que “dé explicaciones sobre la situación laboral de Manuel Fernández, quien siendo funcionario de esta administración se pasa las mañanas haciendo política”.
