Ruth Ortiz presentará alegaciones al recurso de casación interpuesto por José Bretón ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJA que confirmaba íntegramente la de la Audiencia Provincial de Córdoba, a 40 años de prisión por el asesinato de sus hijos Ruth y José en octubre de 2011.
La letrada de Ruth Ortiz, María del Reposo Carrero, ha indicado a Efe que el plazo para presentar dichas alegaciones concluye el próximo lunes, ya que el alto tribunal le concede diez días para ello a partir de la fecha en la que esta parte recibió el recurso interpuesto por la defensa de Bretón.
Sin adelantar los motivos que esgrimirá en su escrito, sí que ha precisado que "difieren" de aquellos en los que sustentó su escrito de impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cuando Bretón recurrió la sentencia de instancia ya que las cuestiones que se esgrimen en el recurso actual "no son las mismas".
Hay que recordar que Bárbara Royo, abogada de José Bretón, formalizó el recurso contra la sentencia del TSJA el pasado 17 de marzo y en él, que tiene una extensión de unos cien folios" alega, entre otras cuestiones, "vulneración del principio de presunción de inocencia, así como de muchos derechos, entre ellos, el de a un juez imparcial, así como lo relativo a la cadena de custodia de los restos óseos".
Considera esta parte que se ha dado infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ya que considera que existe "ausencia de motivación" en la sentencia.
Además, entiende que se ha dado en su caso infracción de precepto constitucional por vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías debidas y a la tutela judicial efectiva y el principio de interdicción de arbitrariedad consagrado en la Constitución.
Ello debido a que, en su opinión, se ha dado "una ausencia de racionalidad de la inferencia probatoria o inferencia ilógica y abierta a partir de la prueba indiciaria que no es idónea".
También cree que se han dado vulneración de derechos constitucionales como "la ruptura de la cadena de custodia del principal indicio de cargo, así como ausencia de permiso judicial para la apertura de la caja donde el mismo se encontraba", en relación a los restos óseos.
La imparcialidad de la ley del Jurado, la ausencia de incomunicación de los testigos y su consecuente comunicación; o el cercenar el derecho de defensa durante el juicio oral, mediatizando al jurado son otros de los motivos alegados.
