El Gobierno está trabajando en la puesta en marcha de la comisión consultiva que estudiará los proyectos para descentralizar organismos gubernamentales como la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial (IA), a cuya sede aspiran Granada y Galicia, en el marco de un concurso público para el que no hay aún fechas.
El Centro de Inteligencia Artificial depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, si bien la comisión tendrá un carácter transversal y su dictamen será decisivo a la hora de elegir la sede descentralizada. Mientras tanto, este miércoles está prevista la visita a Granada de la secretaria de Estado de Digitalización e IA, Carme Artigas Brugal, para participar en la presentación de un programa de financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según han precisado a Europa Press fuentes de las administraciones que promueven el proyecto para acoger la sede de la Agencia de IA, este lunes se reunirán las instituciones para empezar a articular la candidatura de Granada y su Universidad, al que también concurrirá una candidatura gallega.
Por su parte, la comisión consultiva asesorará al Gobierno sobre el término municipal en el que se ubicará la sede física de las nuevas entidades del sector público institucional estatal, así como los nuevos departamentos o subsedes dependientes de entidades ya existentes que vayan a ser descentralizados, según informó el Ejecutivo el pasado 22 de marzo tras la aprobación del Real Decreto para establecer el procedimiento de esta descentralización.
Antes, el pasado 3 de marzo, trascendió que el Consejo de Ministros había aprobado la normativa por la cual el emplazamiento de instalaciones de primer nivel, como las relacionadas con la IA a las que aspira Granada, se decidirá con un concurso público.
Así lo explicó, a preguntas de los periodistas, el ministro de Universidades, Joan Subirats, en una visita a la UGR con la rectora, Pilar Aranda, los territorios podrán presentar sus propuestas para la descentralización de estas sedes.
Asimismo, el pasado 6 de abril, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, presidió la constitución de la comisión consultiva para la determinación de las sedes de la Administración General del Estado (AGE), en lo que calificó como "buena noticia para avanzar en unaconvicción de este Gobierno, que es compartir Estado para hacer más grande España y dar oportunidad a otros territorios con la instalación de los nuevos organismos públicos".
Entonces se supo que, aunque el Real Decreto aprobado el 22 de marzo, establecía dos meses de plazo para constituir la comisión, este órgano se constituiría en tan solo 15 días.
La comisión, entre otras funciones, elaborará un informe sobre los requisitos que serán tenidos en cuenta en la elección de la sede, realizará un dictamen que analizará las posibles sedes que pueden albergar la entidad afectada y elaborará un informe anual que elevará al Consejo de Ministros.
PROCEDIMIENTO PREVISTO
El procedimiento fomenta que las diferentes administraciones y asambleas territoriales puedan presentar distintas localidades para albergar las sedes de entidades públicas estatales. Además, se permite que dichas administraciones puedan comprometer cesiones de diferente naturaleza, de modo que la AGE no tenga que asumir íntegramente el coste de la instalación de una entidad.
Los criterios tendrán en cuenta también a los empleados públicos, incorporando la posibilidadde ofrecerles condiciones ventajosas para el traslado sin perjuicio en su carreraprofesional. Se reforzará de esta forma el funcionamiento de las entidades afectadas y fomentará el acceso a la función pública estatal de los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.
La comisión se reunirá al menos una vez al año y siempre que sea necesario determinar la sede física de las entidades públicas. Una vez creada una nueva entidad pública, el Consejo de Ministros acordará iniciar el procedimiento para la determinación de su sede física.
En el plazo de un mes, la comisión consultiva elaborará un informe que se publicará en el BOE con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de su sede. En el plazo de un mes, desde la publicación del acuerdo de inicio del procedimiento, las comunidades autónomas y los órganos plenarios de las entidades locales podrán presentar por medios electrónicos la candidatura de uno o varios municipios para albergar la sede física de la entidad correspondiente.
Adicionalmente, las administraciones que presentan candidaturas pueden ofrecer todos o alguno de los siguientes compromisos: cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado.
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la comisión solicitará informe a la entidad afectada y elaborará un dictamen, que podrá incluir localidades no postuladas, analizando las posibles sedes y que remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo, que se publicará en el BOE, en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.
