El cierre de los pasos fronterizos en la región del Miño, entre la provincia de Pontevedra y el norte de Portugal, ha supuesto entre 200 y 300 euros al mes en gastos para cada trabajador para poder llegar a diario a sus puestos de trabajo.



Es la estimación que ha hecho este viernes la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) del Río Miño, entidad que integran los dieciséis municipios gallegos y diez portugueses que forman parte de esta eurorregión.



Su vicedirector, Uxío Benítez, ha señalado que mantener abierto únicamente el paso entre Tui y Valença está causando un "perjuicio económico diario" a miles de personas que residen y trabajan a ambos lados de la frontera al obligarles a realizar desplazamientos "innecesarios".



Los afectados no cuentan además con trabajos "especialmente muy remunerados", por lo que según Benítez, sus economías se han visto "comprometidas" porque España y Portugal "decidieron no poner medios humanos para abrir más pasos".



"El mal ya está hecho", ha señalado el también diputado de Cooperación Transfronteriza en la Diputación de Pontevedra, que ha exigido que haya "compensaciones económicas" para esta región porque "no fue un episodio divino sino provocado por los estados".



A este respecto, la AECT Río Miño creará un registro de afectados.



Reclamarán además que dentro del reparto de los fondos europeos para 2021-2027 se compense esta situación con partidas "específicas" que permitan a esta eurorregión desarrollar proyectos "para derribar el efecto frontera" creado por la pandemia.



La economía del Miño está, según Uxío Benítez, "en una situación de ahogo absoluto" a pesar de ser la zona "más poblada y dinámica" de toda la frontera de España con Portugal, al acumular más del 50% del tráfico que se registra entre los dos países.



El impacto económico del cierre de la frontera entre Galicia y el norte de Portugal durante el primer estado de alarma, entre el 17 de marzo y el 1 de julio, ha sido analizado por un estudio de la Universidad de Vigo que ha sido dirigido por el profesor Xabier Martínez Cobas.



El informe apunta que unas 25.000 personas, según las estadísticas oficiales, se vieron afectadas por el cierre de las fronteras, aunque Martínez Cobas indica que estos datos "no incluyen la mayor parte de la gente que pasa" y que se calcula en unas 4.800 diarias.



Entre ellos hay tanto personas que residen y trabajan en un mismo país, las que viven a un lado de la frontera y trabajan en otro o trabajadores de empresas de Galicia cuyas compañías les envían a trabajar temporalmente a Portugal y viceversa.



En cuanto al tiempo de espera para cruzar en el único punto habilitado, entre Tui y Valença, el estudio de la Universidad de Vigo asegura que solo en el paso por el puente -contando una demora de media hora entre la ida y la vuelta- se han perdido 180.000 horas de trabajo, "sin contar con el tiempo para llegar desde sus localidades de origen".



El profesor de Economía ha añadido que el tercer parámetro a estudio fue el PIB de la región del Alto Miño portugués y de los nueve municipios de la frontera entre A Guarda y Crecente, en donde la facturación solo en comercio y hostelería cayó en 92 millones de euros.



La situación en esta zona se agravó más que en el resto de Galicia, según este experto, porque "cuando empezó la desescalada tras el confinamiento" la frontera entre los dos países siguió cerrada más tiempo, hasta el 1 de julio.