El BNG ha pide "explicaciones" a la Xunta después de que la Fiscalía de Ourense haya recogido, según figura en la memoria de la Fiscalía de Galicia, "excesos" de sujeciones de personas mayores en centros privados que mantienen conciertos con la Administración autonómica sin que se hayan observado "correcciones".
En la Memoria de 2022, correspondiente a la actividad del Ministerio Público durante el ejercicio 2021, se recogen dos aspectos especialmente abordados en la Fiscalía de Ourense --la trata y la situación de las residencias de mayores--.
En el documento, la Fiscalía apunta que, a diferencia de las residencias públicas y minirresidencias, en los centros residenciales de titularidad privada o de gestión privada, se da "un número excesivamente elevado" de sujeciones de personas que, aunque se aplican con el protocolo correcto y sean prescritas, se podrían reducir con otro tipo de actuaciones --como camas articuladas-- como ocurre en los centros públicos.
Concretamente, en la Memoria de 2022 se incluyen, recogen, detallan y enumeran las seis diligencias de investigación penal durante 2020 y las tres de 2021, y se detallan las incidencias y particularidades de las 36/2020 relativas a la Residencia Nuestra Señora de Fátima-O Barco de Valdeorras, que finalizaron por denuncia por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
En su documento, se advierten "insuficientes inspecciones" en las residencias y el control de las medidas de contención, al respecto de lo que señala que Galicia carece de una regulación específica en la materia, por lo que se tomó como referencia una normativa navarra y una regulación general.
Desde marzo de 2020, no se realizaron visitas de inspección por parte de los fiscales adscritos a protección de mayores por el covid-19. Sin embargo, sí se mantuvo un contacto directo y constante con los centros residenciales de la provincia de Ourense, al respecto de lo que el informe recoge que "no se observaron deficiencias destacables" en la atención y el cuidado a las personas mayores residentes ni a las personas con trastornos mentales graves o déficit intelectual.
En las residencias de titularidad pública y en las minirresidencias existe "una baja incidencia de medidas de sujeción en las personas mayores", debido a la utilización de alternativas (camas articuladas, sillones especiales, mayor ratio de personal especializado, mayor actividad lúdica, etc) y "en el ínfimo número de sujeciones que aplican solo utilizan sujeción de cintura en sillas y baldas en camas".
Frente a esta situación sitúan "en el extremo opuesto" los centros residenciales de titularidad privada o de gestión privada en grandes centros, como la Fundación San Rosendo y Domus Vi ("con puntuales excepciones motivadas por la profesionalidad y especialización de la persona encargada de la dirección del centro residencial") con un número "excesivamente elevado" de sujeciones físicas "por no valorar ni utilizar otras alternativas".
Al respecto, Fiscalía añade que "se cumplen todos los protocolos de actuación para la adopción de medidas de sujeción", pero avisa de que "el hecho de que se tramiten protocolos adecuados no significa que el número de sujeciones varíe, pues lo que está claro es que el problema radica en que podrían ser evitadas cumpliendo una serie de parámetros, aunque medicamente estén bien prescritas".
Además, Fiscalía apunta que "se ha observado que, sobre todo en grandes residencias dependientes de la Fundación San Rosendo y Domus Vi, no se cumple de forma estricta la ratio mínima de personal". "Este hecho ya se ha comunicado varias veces a la Administración autonómica, con la que mantienen conciertos, pero no hemos observado correcciones", agrega, aunque añade que a raíz de la pandemia se han reforzado los sistemas de inspección.
La Fiscala Jefa ha realizado una redistribución de esta labor, de manera que los fiscales encargados de la Sección Civil realizarán la inspección de las 50 residencias del ámbito del partido judicial de Ourense y cada uno de los fiscales de los distintos partidos judiciales de la provincia la inspección de las residencias de cada partido judicial.
En cuanto se puedan reanudar las inspecciones, se comenzará con este sistema, que "garantiza un mayor control del protocolo aplicable a las medidas de contención física y química".
Para el diputado por Ourense y firmante de la iniciativa del BNG, Iago Tabarés, lo recogido en el informe elaborado por la Fiscalía permite "dudar de la transferencia en la gestión" de la Xunta, de su "tolerancia frente a los incumplimientos contractuales o de la mala gestión de los recursos públicos en determinados centros de mayores".
Para Tabarés, del informe también se desprende que "cabe la posibilidad de que la Xunta no le comunicase a la Fiscalía hechos" que, advierte, consideran "de extrema gravedad". En la iniciativa, recuerdan que la Fiscalía señala "incumplimiento" en cuanto a las ratios de personal y que la Xunta "no respondió ante estas graves manifestaciones".
El BNG subraya que es "esencial" la atención y los cuidados a las personas mayores, la transparencia y la persecución de las irregularidades, así como el "rigor y la eficiencia" en la gestión de los recursos públicos.
Por ello, solicita a la Xunta que informe al Parlamento sobre las comunicaciones remitidas a la Fiscalía, sobre la ausencia de respuesta a las comunicaciones realizadas por el Ministerio Público, así como por los procedimientos y, en su caso, sanciones que se hayan impuesto por eventuales incumplimientos en la atención en centros de mayores residenciales de la provincia de Ourense. Tabarés ha remarcado que "lo que está en juego no es un negocio", sino la "atención y los cuidados de los mayores".
