Los familiares de las víctimas del Villa de Pitanxo, hundido en aguas canadienses el 15 de febrero, han acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incumplir el compromiso que asumió con ellos en Santiago el 21 de febrero “de hacer lo posible y lo imposible” por esclarecer el hundimiento y han asegurado que recurrirán a organismos supranacionales.
Tal y como habían anunciado ayer, tras no recibir respuesta a las peticiones que el martes hicieron al Gobierno durante una reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, los familiares de las víctimas se concentraron este viernes ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, donde leyeron un comunicado muy crítico con el Gobierno.
“El presidente Sánchez no cumple tampoco con su obligación de investigar el naufragio del Villa de Pitanxo tal y como recoge el ordenamiento español”, reza el comunicado, en el que subrayan que lo que le pidieron al Gobierno el martes es que “cumpla la ley” como es “su obligación”.
Insisten las familias de las víctimas en que cuentan con informes que demuestran que bajar al pecio hundido es seguro, legal y plausible, además de no excesivamente costoso para las arcas del Estado, y que es una operación que además cuenta con la cooperación de la Xunta de Galicia y de Noruega y Canadá.
“Pero aún con todo, el gobierno de Sánchez no asume sus obligaciones y dice que si lo pide un juez lo hacen, la base del Estado Español es la división de poderes, y el presidente es el representante del poder ejecutivo”, sostiene el comunicado, en el que vuelven a recordar que el verano avanza mientras van pasando los días que ofrecen las mejores condiciones meteorológicas para bajar al pecio.
Reclaman también una explicación de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), la cual no estuvo presente en la reunión del martes con la ministra pese a haberlo solicitado las familias, que quieren saber por qué no solicita la bajada al pecio como sí hizo en otros siniestros marítimos.
“Este punto reclama urgentemente una explicación”, han dicho las familias, puesto que renunciar a esa posibilidad “supone desechar la obtención de más datos y pruebas objetivas para la elaboración de su informe”.
Señalan en el comunicado que, tal y como le trasladaron el martes a la ministra, es “vox populi que la CIAIM está recibiendo presiones para que no soliciten la bajada al pecio”, por ello vuelven a reclamar una reunión con la CIAIM para esclarecer qué está sucediendo realmente.
“Todos los que queremos saber la verdad y que se haga justicia de forma clara y objetiva hemos pedido que se baje al pecio; los que tienen miedo de que la verdad aflore y las pruebas se busquen permanecen callados y contentos de que el verano se esté consumiendo”, aseguran antes de señalar que se trata de una situación “intolerable en un Estado de derecho”.
“¿Cómo se va a descender la siniestralidad de este sector, si cuando ocurre un accidente las autoridades que tenían que garantizar la obtención de pruebas y conclusiones no cumplen con su deber?”, se preguntan las familias, quienes reivindican su derecho a que se investigue el naufragio del Villa de Pitanxo.
“Las familias de las víctimas creíamos que la muerte de nuestros seres queridos serviría por lo menos para prevenir que nunca se repitieran las causas de esta gran desgracia. Nunca hubiésemos imaginado que, con la falta de cumplimiento de la ley del Gobierno y su falta de compromiso, se contribuya a perpetuar las causas de este naufragio”, añaden.
“Es penoso que tengamos que peregrinar a otros organismos supranacionales para instar acciones que nos garanticen nuestros legítimos derechos, pero no les quepa duda que lo haremos, por los 21 y por toda la familia del mar”, concluyen.
