El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha informado hoy por carta al fiscal del tribunal alemán que debe resolver la entrega del expresident Carles Puigdemont de que la orden de detención europea cursada contra él reúne todos los requisitos formales y no deben caer en el mismo error que Bélgica.

El magistrado que se encarga del sumario abierto por el "procés" en el alto tribunal ha actuado así para evitar el error de interpretación que, a su juicio, cometieron ayer las autoridades belgas al señalar defectos de forma en la orden europea de detención cursada desde el Supremo contra los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.

Su entrega ha sido denegada por Bélgica aduciendo errores formales.

Los belgas consideraron que la orden europea de detención debe basarse en una orden de detención nacional o un documento con valor ejecutivo similar, dice Llarena en su carta.

Y añade que sus peticiones de entrega se basan en autos de procesamiento, los cuales tienen un valor no ya igual, sino superior a una orden de detención.

Del escrito del magistrado se deduce, de este modo, que si ha habido un error respecto a las órdenes europeas de detención cursadas a Bélgica, éste ha sido cometido por las autoridades de aquel país, al desconocer el valor ejecutivo de los autos de procesamiento. Y por eso quiere informar a Alemania.

El asunto de fondo que el magistrado reprocha a Bélgica y explica a Alemania es que la norma que regula las órdenes europeas de detención, la decisión Marco relativa a la orden de detención europea, establece como requisito que estén basadas en una orden de detención nacional.

Pero también contempla "una sentencia firme" o "cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza". Es en ese punto en donde se han equivocado las autoridades belgas, pues un auto de procesamiento tiene, en nuestro ordenamiento, mayor peso que una mera orden de detención.

En todo caso, Llarena ha explicado que el auto de procesamiento contra Puigdemont que sustenta la orden librada el pasado 23 de marzo contra él es equiparable o superior a una orden de detención.

La explicación está contenida en una carta dirigida a la Fiscal Jefe del tribunal alemán que debe resolver la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Llarena explica que ayer un Tribunal de Bruselas denegó la entrega de otros investigados en este mismo procedimiento, basándose en que no consideran que el auto de procesamiento que contempla el ordenamiento jurídico español fuera equiparable a esa orden de detención, pese a que el Tribunal Supremo le informó de lo contrario.

Llarena considera contrario al principio de confianza recíproca que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, discrepando de la que el Tribunal Supremo ha informado que tienen.

El magistrado ha querido así "evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error", es decir, que los jueces alemanes se crean este argumento cuando lo use la defensa de Puigdemont.

El juez recuerda que el auto de procesamiento recogía los hechos y responsabilidades atribuidos a Puigdemont, una vez terminada la fase de investigación y se acordaba la medida cautelar de prisión que había sido adoptada al inicio de la misma.

A partir de ese momento, en España, añade Llarena, "dicha resolución es la resolución ejecutiva respecto de la prisión provisional de Carles Puigdemont". En virtud de esa resolución, el expresident catalán sería inmediatamente detenido e ingresado en prisión si fuera encontrado en España o se procediera a su entrega.