La Unión Europea (UE) aprobó ayer nuevas sanciones contra Birmania, en respuesta a la nueva condena de 18 meses de arresto domiciliario contra la dirigente de la oposición democrática de ese país, Daw Aung San Suu Kyi.

La decisión supone que los miembros del sistema judicial responsables de la condena son incluidos en la actual lista de personas y entidades de Birmania sometidas a congelación de bienes en la UE y restricción de viajes a territorio comunitario, según un comunicado.

Además, el listado de personas y entidades sometidas a las sanciones se extiende para lograr la congelación de los bienes de las empresas que son propiedad de responsables del régimen birmano o de asociados suyos.

En concreto, quedan incluidos en la lista los cuatro jueces birmanos responsables del veredicto de Suu Kyi, cuatro empresas estatales de medios de comunicación asociadas al régimen y otras 10 nuevas compañías, así como 48 sociedades que ya tenían prohibido realizar inversiones en la UE y que ahora, además, verán congelados sus bienes, señalaron a Efe fuentes comunitarias.

Las nuevas sanciones se aprueban “en reacción al veredicto contra Daw Aung San Suu Kyi y ante la gravedad de la violación de sus derechos fundamentales”, señala el Consejo de la Unión Europea en la nota.

Suu Kyi fue condenada por un tribunal a tres años de trabajos forzados por violar los términos de su arresto domiciliario, aunque la Junta Militar que gobierna el país redujo la sentencia a otros 18 meses de detención en su vivienda.

La decisión europea, que había sido anunciada el pasado martes por la Presidencia sueca de turno de la UE tras el veredicto contra Suu Kyi, fue aprobada de forma unánime por los veintisiete países comunitarios por el método de procedimiento escrito.

Las sanciones están en vigor desde hoy mismo, aunque la lista de nuevas personas y empresas sometidas a estas medidas restrictivas será publicada mañana por el Diario Oficial de la UE, indicaron fuentes comunitarias.

La Unión recalcó que las medidas son “específicas”, a fin de que no afecten al conjunto de la población birmana, y se dirigen contra “aquellos que se benefician más” del mal gobierno de la Junta Militar y los que “frustran de forma activa el proceso de reconciliación nacional, el respeto a los derechos humanos y el progreso hacia la democracia”.

Sin embargo, las sanciones no se extienden a las actividades del grupo petrolero francés Total, que tiene importantes inversiones en Birmania.

Varios grupos de derechos humanos y parlamentarios franceses habían pedido que las actividades de Total fueran incluidas en las sanciones comunitarias, a fin de lograr un mayor impacto económico en el régimen birmano.

Total está presente desde 1992 en Birmania, donde posee el 31,24% del campo de Yadana, que representa el 60% de las exportaciones de gas del país hacia Tailandia.

La compañía francesa emplea directamente a 250 trabajadores en Birmania y paga 125 millones de euros en impuestos anuales a ese país.