Los "grapo" José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez se enfrentan a 37 años y 10 meses de cárcel cada uno por el secuestro y muerte del empresario aragonés Publio Cordón, unos hechos ocurridos hace 22 años y por los que ya están condenados otros cuatro miembros de la banda.
En espera de que se fije la fecha del juicio, el fiscal tiene ya su escrito de conclusiones en el que acusa a los dos procesados -en prisión por su relación con la banda terrorista GRAPO- de alquilar y custodiar la vivienda de Lyon (Francia) en la que tuvieron encerrado a Cordón antes de que intentara escapar arrojándose desde una ventana.
El juicio cerrará un caso que ha estado investigando la Guardia Civil y que ya tiene esclarecido, aunque aún queda por encontrar el cuerpo del empresario, cuya búsqueda continúa tras varios intentos, sin éxito, en el Mont Ventoux de Francia.
Según el escrito del fiscal Marcelo Azcárraga, al que ha tenido acceso Efe, a las 7.30 horas de 27 de junio de 1995 el comando integrado por los ya condenados Fernando Silva Sande, José Ortín Martínez y Enrique Cuadra Echeandía interceptaron al empresario mientras hacía deporte, le introdujeron por la fuerza en un coche y le trasladaron a un polígono industrial.
Desde allí, y a bordo de otro vehículo, fue llevado hasta Lyon, como había previsto el comando, integrado también por Concepción González, que realizó labores de vigilancia para ejecutar el secuestro.
Ya en esta ciudad francesa, fueron guiados por Teijelo y Gómez hasta un apartamento, donde esperaron hasta la madrugada para trasladar a la víctima hasta una casa en el barrio de Bron.
La vivienda, según el relato del fiscal, había sido alquilada por estos dos acusados en junio de 1995 por un periodo de un año. Se presentaron ante la propietaria como dos profesores españoles de francés.
Teijelo enseñó a la mujer un DNI español a nombre de otra persona y en el que había colocado su foto.
En la buhardilla de la casa, los acusados y Silva Sande encerraron a Cordón en un armario empotrado de 1,71 metros de largo por 1,21 de ancho, que previamente habían acondicionado.
Precisamente, las muescas de letras y números que el secuestrado efectuó en la jamba del armario servirán de prueba en el juicio para demostrar que la víctima estuvo allí, ya que los análisis caligráficos no han dejado lugar a dudas de que es la caligrafía del empresario, según las fuentes de la investigación.
Durante el cautiverio, "y como prueba de vida" -continúa el escrito del fiscal- el comando permitió a Cordón redactar de propia mano varias cartas que, fiscalizadas y censuradas por los "grapo", eran enviadas a la familia.
ADN de María Victoria Gómez ha sido hallado en alguna de ellas, según las fuentes de la investigación. Se trata de otra prueba indubitada de la participación de esta mujer en los hechos.
Cuando ya habían pasado tres semanas de cautiverio, Cordón consiguió salir del armario y trató de huir por una de las ventanas de la buhardilla. Pero fue sorprendido por sus captores, cayó al vacío y quedó malherido.
Los acusados recogieron a la víctima y comprobaron que aún vivía. "Sin embargo -dice el fiscal-, en lugar de trasladarle a un centro médico que le proporcionara los cuidados necesarios, se comunicaron con la dirección de la organización terrorista a fin de recibir instrucciones, produciéndose la muerte mientras esperaban órdenes".
La dirección del GRAPO no quería que se conociera el óbito para poder cobrar el rescate y ordenó a los acusados y a Silva Sande que ocultaran el cadáver, lo que hicieron al enterrarlo en un agujero que excavaron en el Mont Ventoux.
Ante esta contingencia, María Victoria Gómez rescindió el contrato del alquiler de la casa de Lyon con la excusa de que una grave enfermedad le obligaba a volver a España.
Mientras, la familia del empresario, convencida de que éste aún vivía, reunió los 400 millones de pesetas exigidos y fueron entregados a los terroristas.
El fiscal pide para cada uno de los dos acusados 17 años y 4 meses de cárcel por secuestro, 20 años por homicidio por omisión y seis meses por estafa.
Además, deberán indemnizar a la esposa de Cordón con una cantidad equivalente a los 400 millones de pesetas incrementada en el interés legal desde 1995 y con 500.000 euros. Con esta misma cifra deberán indemnizar a cada uno de los hijos del empresario.
Fuentes de la investigación han resaltado a Efe la estrecha colaboración y el trabajo en este caso de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y del fiscal Azcárraga.
