La defensa de Gao Ping, considerado el cabecilla de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, ha apelado a la reciente puesta en libertad del extesorero del PP Luis Bárcenas para reclamar la excarcelación de su cliente, al que se le ha prorrogado otros dos años su prisión.
Su abogado, Jaime Sanz de Bremond, ha comparado ambos casos, argumentando que, mientras Bárcenas ha sido excarcelado tras 19 meses de prisión preventiva después de que la Fiscalía le hubiera pedido ya una condena de 42 años de cárcel, a su cliente se le prorroga la prisión provisional sin existir aún contra él una petición formal de condena ni estar cerrada la instrucción, han informado fuentes jurídicas.
Así lo ha expuesto en la vista del recurso de apelación celebrada hoy a puerta cerrada ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto por el que el juez Ismael Moreno acordó el pasado 28 de enero prorrogarle por otros dos años la prisión provisional -el límite máximo son 4 años-.
Ante el cumplimiento de los primeros dos años el próximo abril, Moreno acordó la prorroga al entender que persiste riesgo de fuga por la gravedad de los hechos y por su condición de extranjero, originario además de un país como la República Popular China que no extradita a sus nacionales.
Durante la vista, el fiscal anticorrupción José Grinda ha defendido la prorroga al considerarla "proporcionada" dado que esta causa se encuentra al final de la instrucción, si bien ha manifestado, como ya hizo ante Moreno, que si la investigación se dilata aún más (está pendiente de informes) podría plantearse la revisión de la situación de prisión provisional del imputado y acordar una medida cautelar menos gravosa como una fianza.
Para Sanz de Bremond este planteamiento de la Fiscalía es un reconocimiento tácito del retraso en la instrucción, aspecto en el que ha centrado parte de sus alegaciones recordando que la investigación por estos hechos arrancó en 2011 y ya han transcurrido dos años y cinco meses desde la detención de los principales imputados sin haberse concretado los hechos.
Al prorrogarle la prisión, el juez, además de invocar el riesgo de fuga, destacaba también que como aún no ha finalizado el análisis de la documentación incautada existe todavía riesgo de alterar elementos relevantes para la investigación sobre el delito de blanqueo de capitales y delito fiscal.
Gao Ping se encuentra en prisión desde el 16 de abril de 2013 tras haber sido excarcelado en noviembre al detectar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un presunto error judicial del instructor Fernando Andreu, consistente en que había prorrogado su arresto policial más allá de las 72 horas legales.
De ese modo, quedó anulada la orden de ingreso en prisión decretada en octubre, pero en abril el juez volvió a mandarle a la cárcel apoyándose en un nuevo informe policial que aportaba "hechos nuevos" a las investigación que suponían "una agravación de los indicios que hasta la fecha se habían recopilado".
Un año después, Andreu dejó de instruir esta causa cuando Anticorrupción pidió imputar a nueve policías por su presunta relación con la trama mafiosa.
Andreu se abstuvo de la instrucción alegando su amistad con el comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, y su sustituto natural, Ismael Moreno, aceptó hacerse cargo del caso.
Tres años después, esta causa caso encara ya sus últimas diligencias y para cerrar la instrucción se está negociando la entrega a la justicia de las personas que se encontraban huidas y que residen en China, fundamentalmente tres familiares de la esposa de Gao Ping, Lizhen Yang.
La primera en acceder ha sido Wheizun Yang, residente en China y hermana de la esposa de Gao Ping, con la que se pactó su entrega voluntaria y que tras comparecer ante Moreno quedó en libertad después de abonar una fianza de 18.000 euros.
En la operación Emperador, que arrancó en octubre de 2012 con la detención de 80 personas, se investiga una supuesta trama de ciudadanos chinos que operaba principalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada y que se dedicaba al blanqueo. Se calcula que blanqueaban entre 200 y 300 millones de euros al año, por lo que fue considerada una de las mayores operaciones que se han llevado a cabo en España por blanqueo de capitales y delito fiscal.
