El juez Santiago Pedraz ha solicitado informes a la Policía y a la Guardia Civil, tal y como le había solicitado ayer la Fiscalía, antes de decidir si toma alguna medida en relación con el acto convocado para el próximo sábado en Durango (Vizcaya) por el colectivo de presos vascos EPPK en el que participarán 63 etarras recientemente excarcelados por la derogación de los efectos retroactivos de la doctrina Parot.
A pesar de la petición del fiscal Jesús Alonso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, de guardia esta semana, únicamente solicitó ayer informe a la Ertzaintza al considerarlo suficiente por ser la convocatoria relativa a unos hechos limitados al territorio del País Vasco.
El informe de la Policía Autónoma Vasca llegó está mañana y, según se señaló a Europa Press en fuentes de este cuerpo de seguridad, en él se señala que un particular ha reservado el Kafe Antzokia de la localidad vizcaína de Durango para celebrar el acto además de un "lunch" para alrededor de un centenar de personas.
El informe incluye la convocatoria realizada a los medios de comunicación por los interlocutores del EPPK, Colectivo de Presos de ETA, en las que les convocan a las 12.30 horas a la rueda de prensa.
En el escrito, se informa de que en la comparecencia participarán "las personas excarceladas en los últimos meses" para realizar una valoración del comunicado del pasado fin de semana del Colectivo de Presos de ETA, en el que hicieron pública su decisión de aceptar someterse a los cauces legales para conseguir excarcelaciones de forma "escalonada e individual", y reconocía el "sufrimiento y daño multilateral".
La convocatoria se envió este jueves, después de que la asociación 'Dignidad y Justicia' pidiera a la Audiencia Nacional que suspenda el evento, al considerar que los reclusos quieren hacer "un acto conjunto" para celebrar su salida de la cárcel y para "brindar y enaltecer el terrorismo de ETA".
PROVIDENCIA DE PEDRAZ
El juez Santiago Pedraz reclamó en su providencia a la Ertzaintza, a instancias de la Fiscalía, que, "con la máxima urgencia", le informara sobre el acto convocado para el próximo sábado en Durango por el Colectivo de Presos de ETA.
Pedraz solicitaba a la Ertzaintza información sobre la persona, personas u organización convocantes del acto, sobre los participantes, el medio por el que se efectúa la convocatoria y su posible relación con la organización terrorista ETA, , por si el mismo pudiera ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo o menosprecio a sus víctimas.
Dignidad y Justicia señalaba en su denuncia que el convocante del acto es el KT1, "subestructura" de EPPK y "órgano de dirección de dicho colectivo", al frente del cual se encuentra Arantza Zulueta Amuchastegui, quien actualmente está en libertad provisional en la causa seguida contra ella y otros abogados defensores de etarras, así como imputada por un delito de integración en organización terrorista.
La asociación considera que EPPK "forma parte del entramado" de la banda y se encarga de "procurar la cohesión y la adherencia de los presos que cumplen condena por actos terroristas siguiendo los postulados de ETA", excluyendo a los reclusos que no pertenecen al entorno etarra.
Para respaldar sus argumentos, Dignidad y Justicia hace alusión a varios documentos intervenidos en una operación contra algunos de los abogados de etarras, incluida Zulueta, y que son, según la Guardia Civil, "una prueba fehaciente que corrobora el papel" de KT en "el control, coordinación y dinamización" de los integrantes de EPPK.
