La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha admitido a trámite la queja presentada por la asociación Dignidad y Justicia pidiendo abrir una investigación sobre los efectos derivados de la anulación de la 'doctrina Parot'. Ha solicitado al Gobierno que le haga saber la posición mantenida por la Abogacía del Estado en las últimas excarcelaciones de presos y ha pedido a la Fiscalía que le informe sobre las acciones emprendidas para perseguir los actos de enaltecimiento del terrorismo y de violencia callejera.
Así ha respondido Soledad Becerril al escrito de queja que le remitió la asociación presidida por Daniel Portero, en el que mostraba su discrepancia por la puesta en libertad "en un periodo de pocas semanas" de personas que habían sido condenadas por delitos de extrema gravedad, ocasionando "una situación de dolor y desolación" a víctimas del terrorismo, de asesinatos o violaciones.
La defensora del Pueblo ha emplazado al secretario de Estado de Justicia a transmitirle información sobre todo lo acontecido que se encuentre en el ámbito de competencia del Gobierno y, en particular, que le comunique cúal ha sido "la posición procesal mantenida por la Abogacía del Estado en los procesos penales relacionados con las excarcelaciones derivadas de la sentencia de Estrasburgo, en los que estuviere personada".
Asimismo, ha interesado saber cuál ha sido la postura de la Abogacía del Estado con respecto al artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la normativa correspondiente, que hace alusión al acatamiento de las sentencias del Tribunal con sede en Estrasburgo.
PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Becerril también pregunta a la Fiscalía General del Estado sobre la persecución del delito de enaltecimiento del terrorismo y la violencia callejera y a la Secretaría de Estado de Seguridad respecto a la protección de las víctimas tras las excarcelaciones, en virtud al escrito de queja que traslababa la "inseguridad" que sienten muchas víctimas, particularmente de violaciones.
La defensora del Pueblo precisa al inicio de su misiva que su competencia en materia de Administración de Justicia es "limitada" ya que no alcanza a las decisiones de naturaleza sustantiva o procesal adoptadas por los órganos judiciales. Eso sí, defiende que sí puede intervenir sobre los "problemas generales planteados en las quejas presentadas".
En este sentido, explica que la situación vivida en un corto periodo de tiempo por las víctimas es un "problema general que a todos debe preocupar, también a la Defensora del Pueblo".
"Por ello, es deber de todos hacer cuanto sea posible por restañar las heridas producidas, hoy vivas y que perdurarán en el tiempo", señala, para recordar que ya ha declarado públicamente que "la derogación de la doctrina Parot ha sido un golpe muy duro para España y la velocidad de la excarcelación de sanguinarios terrorista nos ha dejado conmovidos".
Dignidad y Justicia mostró su discrepancia por las consecuencias que ha tenido la ejecución de la sentencia del TEDH referida a la etarra Inés del Río. Cuestionaba el cauce procesal elegido por haber causado "un particular dolor" a las víctimas y la extensión del caso de Inés del Río a otros supuestos a pesar de que no se trataba de "una sentencia piloto" y no hacía mención alguna a "personas distintas" de la recurrente.
La asociación de víctimas también denunció el "giro procesal interno inesperado" que se ha producido, al haber pasado España, a su juicio, a un cumplimiento "rápido, extensivo y sin difucultad" de la última decisión de Estrasburgo.
También criticó que el Gobierno no haya modulado las consecuencias de la sentencia, como permite el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y censuró los "efectos colaterales" de inseguridad ciudadana y enaltecimiento del terrorismo que se han producido.
