Diputados del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y CiU han dirigido una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que el Gobierno deniegue la extradición de un refugiado kazajo, guardaespaldas de un líder opositor de aquel país, a pesar de que la Audiencia Nacional haya apoyado la tramitación.
Se trata del disidente Alexandr Pavlov, guardaespaldas del líder opositor kazajo Mukhtar Ablyazov, que actualmente goza del estatuto de refugiado en el Reino Unido. Huyó de su país a causa de su actividad como opositor al régimen de Nursultán Nazarbáyev, que le acusa de terrorismo, apropiación indebida y malversación de fondos.
Pavlov se encuentra en una prisión española mientras el régimen kazajo reclama su extradición. La Audiencia Nacional se pronunció a favor de concederla, apoyándose en la existencia de un convenio bilateral, y en las próximas semanas debe pronunciarse el Consejo de Ministros.
RIESGO DE TORTURAS
Los diputados Ignacio Sánchez Amor (PSOE), Laia Ortíz (ICV-Izquierda Plural), Irene Lozano (UPyD) y Carles Campuzano (CiU) sostienen que "la solicitud de su extradición forma parte de una persecución desplegada por Kazajistán en media Europa para acabar con la oposición" y, de ser repatriado, Pavlov "podría sufrir torturas y malos tratos, tal y como señalan los informes de entidades internacionalmente reputadas en la defensa de los Derechos Humanos".
En su carta a Gallardón, recogida por Europa Press, los diputados recuerdan que la decisión de la Audiencia Nacional no fue unánime y que el voto particular contrario a conceder la extradición "contó con el apoyo de nada menos que siete magistrados, que incidían en la imposibilidad de comprobar que Kazajistán cumple con las garantías prometidas".
Añaden que "una organización tan rigurosa como Amnistía Internacional ha manifestado que el historial de tortura y malos tratos de Kazajistán es conocido". "Aleksandr Pavlov corre realmente riesgo de sufrir tales abusos si es enviado de regreso allí, por lo que España tiene la obligación absoluta de impedir que sea así en virtud del Derecho Internacional, subrayan.
En ese contexto, los parlamentarios solicitan formalmente al ministro de Justicia que proponga negar la extradición solicitada, aunque Kazajistán ofrezca "supuestas garantías diplomáticas".
"Instamos al Gobierno a no autorizar su entrega y así contribuir con una acción real al respeto de los Derechos Humanos en el mundo --escriben--. El caso Pavlov representa para nuestro país una gran ocasión de proteger los derechos y las libertades de un ser humano amenazado. Confiamos en que el ministro de Justicia estará a la altura de sus responsabilidades con la protección de los disidentes políticos y, finalmente, con los derechos y las libertades más elementales. Es el compromiso que nuestro país tiene ante la comunidad internacional".
