La Plataforma por la Escuela Pública, que une a asociaciones de padres, estudiantes y docentes ha insistido en que el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) --aprobada este viernes en Consejo de Ministros-- es una ley "ideológica" y auguran "más movilizaciones" durante este mismo curso para tratar de frenar lo que consideran "un ejercicio de autoritarismo, aislado político y socialmente".

   En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, ha asegurado que van a trabajar "para que esta ley no llegue a implementarse" y, para ello, anima a la Plataforma a reunirse de para plantear "un nuevo calendario de movilizaciones" que, a su juicio, deben incluir acciones este mismo curso.

   En este sentido, lamentan que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, haya "desperdiciado" una buena ocasión para abrir un consenso más amplio e insiste en que la LOMCE "empeorará la situación actual". "El ministro ha preferido tirar por su propio camino, con una ley ideológica y sectaria que resultará inútil, ya que será cambiada por los próximos que lleguen al Gobierno", ha apostillado.

   De la misma forma, el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha señalado que la decisión de aprobar la LOMCE este viernes --una semana después de la huelga educativa convocada en los centros públicos de toda España-- "es un signo más del carácter autoritario y antidemocrático del Gobierno y del ministro de educación".

   Delgado afirma que esta reforma "va a suponer el desmantelamiento de la escuela pública", ya que "acepta y promueve el despido de docentes y el recorte de 5000 millones de euros". Asimismo, ha criticado el sistema de revalidas, al entender que "va a desalojar a decenas de miles de jóvenes del sistema educativo con pruebas artificiales que no buscan la calidad sino apartarles del sistema para ahorrar más dinero".

"AÚN HAY TIEMPO PARA TUMBAR LA LEY"

   "Es la reafirmación de que es necesario de seguir movilizándose en la calle. Tenemos mucho tiempo para tumbar la ley antes de que entre en vigor. Hoy no se ha aprobado nada, ya que aún tiene que ir al Parlamento, después al Senado, volver de nuevo al Parlamento y que pasen otros diez meses para llevar a cabo las adaptaciones curriculares", ha sentenciado.

   Por ello, ha insistido en la necesidad de organizar "una gran marcha estatal en el mes de junio sobre Madrid", con el objetivo de "unir al conjunto de la sociedad en las reivindicaciones de la comunidad educativa".

   Otra de las organizaciones que configura esta Plataforma, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, dice que sabía que "este momento iba a llegar tarde o temprano". "El Gobierno ha obviado todas las posibilidades de diálogo. Llevábamos razón quienes decíamos que sólo se había negociado con la Conferencia Episcopal". 

   Así lo ha denunciado su portavoz, José Luis Pazos, quien advierte de que si el Parlamento aprueba definitivamente este proyecto de ley irán al Tribunal Constitucional (TC). Así, ha señalado que "la sociedad española no se merece volver al pasado" y añade que "la imposición del nacionalcatolicismo supone un ataque a todos los derechos consolidados durante la Democracia y un insulto a la Constitución".

LOS CAMBIOS NO MODIFICAN LA LEY EN LO SUSTANCIAL

   Por su parte, La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) ha señalado que la LOMCE ha llegado a este Consejo "con pequeños cambios introducidos por parte del Ministerio que no la modifican en lo sustancial, generando incertidumbre en varios aspectos esenciales", entre los que destaca "la educación en valores, la segregación por sexos, las lenguas cooficiales o la memoria económica".

   En un comunicado, FETE-UGT exige al Ministerio de Educación "la retirada de la Ley" y "el inicio de un proceso de negociación, buscando un mínimo de consenso que permita modificar aquellos aspectos que sean considerados mejorables de la ley educativa en vigor, siguiendo las recomendaciones del Informe del Consejo de Estado".

   Con respecto a la educación en valores, el sindicato entiende que "la modificación introducida en la Ley por la que se permite al alumnado elegir simultáneamente la clase de religión y su alternativa, sigue siendo una opción contraria a las indicaciones de los órganos internacionales que recomiendan una educación en valores obligatoria para todo el alumnado".

   Asimismo, advierte de que "la exigencia de una mayor clarificación y fundamentación del proyecto educativo de los centros que segregan por sexo, no va a suponer un impedimento a la hora de continuar con la segregación de su alumnado".

   En cuanto a la memoria económica y, por tanto, al coste de implantación de la nueva Ley, FETE-UGT considera "una falta de responsabilidad gubernamental, nunca vista, que se pretenda solicitar a la Unión Europea la financiación del 50 por ciento de la implantación de la LOMCE".

   "El Gobierno debe responsabilizarse de cuantas decisiones políticas adopte, sean del tipo que sean, aportando los costes de su propia acción de gobierno. Un proyecto de Ley que no venga acompañado de la suficiente dotación económica para su desarrollo, no puede tener ninguna viabilidad", ha sentenciado.

   Por último, el portavoz de STES-i, Augusto Serrano, ha asegurado que la LOMCE "ha ido empeorando desde el primer borrador" y denuncia la "nula capacidad de diálogo del Gobierno, incluso tras las movilizaciones y las recomendaciones del Consejo de Estado". En este punto, ha acusado al ministro Wert de "mentir" cuando dice que esta es la ley educativa más negociada.