En este sentido, cabe recordar que los primeros trabajos arrancaron en enero de 2008 a manos de una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Acciona, Inabensa y Heliopol, con un plazo de ejecución de 24 meses y esta ampliación del plazo del crédito se encuadra en la demora del proyecto.
Así, la ampliación del plazo de este préstamo, según han informado a Europa Press fuentes municipales, señala la propia fecha de finalización de los trabajos, inicialmente presupuestados en 66,1 millones de euros. Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla acordaba consignar 11.293.840 euros, además de la cesión de dos parcelas de propiedad municipal, como compensación a Emvisesa por los "desvíos presupuestarios" de este proyecto de ampliación del palacio de exposiciones y congresos, iniciado durante el anterior mandato socialista.
Estos 11.293.840 euros, según el Ayuntamiento, son el resultado de la suma de los 4,4 millones de euros ya aprobados y reconocidos por el gobierno municipal anterior en cuanto a tal desvío presupuestario, además de 6,7 millones de euros merced al acuerdo alcanzado entre el Gobierno local vigente y la unión temporal de empresas que ejecuta las obras.
A la fecha de la firma del contrato de crédito, y sin incluir los costes financieros, el importe absoluto del proyecto ascendía a 95.044.805,20 euros. La financiación se dividía entre la Junta de Andalucía (16.800.000 euros), el Gobierno central (2.500.000 euros), la Diputación provincial (2.700.000 euros) y el mencionado contrato crédito de Emvisesa como promotora de la obra con el BBVA y el ICO, valorado en 58.779.428,04 euros, además de la tasación demanial de citadas parcelas anexas por valor de 14.265.377 euros.
SIN LA DIPUTACIÓN
En este marco, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla, Manuel Domínguez, ya anunció que no asistirá a esta reunión, convocada por el Ayuntamiento de Sevilla, al coincidir con la huelga general, una convocatoria "improvisada" cuya fecha considera una "falta de respeto" a los derechos ciudadanos.
Así, explica que el día 23 de marzo a las 13,30 horas desde el Ayuntamiento se notificó a la Diputación de Sevilla la convocatoria de una sesión "extraordinaria y urgente" de la junta del consorcio de Fibes, una reunión "imposible ajustar" a la agenda de ese lunes, por lo que se pidió una nueva fecha que fue fijada el día de la huelga.
"Parece que desde el Ayuntamiento nos quieren poner las cosas difíciles", advierte Domínguez, que ha reiterado que el día 29 de marzo ejercerá su derecho a la huelga, "una jornada sin cobrar para protestar por el estrepitoso retroceso que Mariano Rajoy ha dado a todos los derechos laborales conseguidos durante años de esfuerzo".