Luis Miguel Morales | Amigo Quique, hay cosas en esta vida que por mucho que lo piense o me lo expliquen hasta la saciedad no termino por entenderlas. Lo sé -no descubrimos nada nuevo-, soy diésel. Implantada, protestada, derogada, multada y ¿añorada?, la Zona Naranja sigue en boca de todos. Para bien o para mal.
Con la eliminación de la zona de pago, las bolsas de aparcamiento han sido pasto de los ‘voluntariosos facilitadores del sitio público y de las maniobras imposibles en una explanada’, dícese también del que saltándose lo anunciado en los carteles informativos, las ordenanzas de convivencia y de las advertencias policiales, continúan con su brazo en alto y su silbido característico, marcando el paso y lo que es peor, el camino a seguir. De unos y de otros. Así es. Escuchar el silencio. La nada.
¿A alguien le sorprende? No creo. Ya lo advertí en esta misma sección. Lo voluntario se termina por convertir en obligatorio. Y lo obligatorio pasa a tener derecho inalienable y asumibles como toda una herencia con todos sus legitimidades y todas sus libertades.
El tiempo así lo demuestra de cómo se crea y de cómo se potencia un problema donde no existía. Las protestas de estos ante las primeras denuncias reflejan el grado de la incapacidad para gestionar una situación que se ha desbordado.
Un problema que costará dinero (aún por determinar), que puede desequilibrar un presupuesto sujeto a un Plan de Ajuste y que puede mover cual ficha de ajedrez a toda una Administración municipal.
El bien general sigue siendo pisado y ultrajado por el peculio particular.
De una situación que ha caído en el limbo de la imagen chabacana y hortera de los noventa con una ciudad sin ley y de la fuerza bruta. La historia nuevamente se repite.
El Puerto, el de los 13.000 parados, se sigue recreando en sus miserias, en los detalles abstractos y absurdos. ¿De veras que un alcalde no tiene nada mejor que hacer que reunirse junto a sus socios de Gobierno para explicar que la ley está para cumplirse?
No hace falta decir que explicar y hacer lo contrario que marca ésta sería prevaricación. Ah, ¿que no gusta? ¿Tampoco? Cámbienla. Pero no sean cansinos. No perdamos ni un segundo más en historias arcaicas y banales.
Quique Pedregal | Lo de los aparcacoches o gorrillas, perdonen ustedes la denominación, no es fácil de resolver. Las multas o sanciones que se puedan poner tienen un recorrido legal, al menos, difícil de sostener.
El asunto de los gorrillas no lo arregla nadie, ni con multas, ni con pagos en trabajos a la comunidad. Habría que tener un agente de policía en cada esquina de la ciudad para poder controlar la ingente cantidad de personas que se gana la vida de esta manera. Las multas no sirven (los que se ‘tiran’ a la calle lo hacen por obligación y se les supone insolventes) y los trabajos a la comunidad los tendrá que decidir un juez, digo yo.
Hay asociaciones de desempleados con intenciones sanas de regular los aparcamientos públicos, pero si, como anuncian los carteles, las zonas de playa son de libre uso para aparcar, ¿cómo justificamos la existencia de aparcacoches, legales o no? Más aun, ¿no es lo mismo que te cobre una persona dada de alta por una empresa, en este caso Impulsa, que un trabajador cuyos seguros sociales los paga una asociación de parados? ¿No fomentamos la ilegalidad aportando un donativo voluntario al que se nos acerca con el peto amarillo? ¿No degradamos, en cierto modo, a la persona que acepta nuestro ‘donativo’?
De verdad que los parches nunca fueron buenos y que, más tarde o más temprano, habrá que cambiar la rueda. Son demasiados temas para estar pegando tiros al aire o palos de ciego. La situación ideal todos sabemos cuál es, pero volvemos de nuevo a vivir la experiencia de la patata caliente.
La Zona Naranja, que inventaron los azules, está tan roja que quema… Y mientras, todos poniéndose verdes.
De aquí a nada, Luismi, a la playa en autobús o a pie… lo que yo te diga.
