La Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba licencia para la reforma y rehabilitación del edificio que fuera sede de los juzgados y la Audiencia Provincial, hasta la construcción y puesta en marcha de la actual Ciudad de la Justicia, en la zona de Arroyo del Moro.
Así, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica y ha adelantado 'Diario Córdoba' en su edición digital, la Junta de Andalucía prosigue su proyecto para dar una segunda vida al edificio ubicado en la Plaza de la Constitución, que fue abandonado tras el referido traslado de las sedes judiciales y del que, desde entonces, solo se usa su aparcamiento en superficie por vehículos oficiales de la Junta.
La Gerencia Municipal de Urbanismo deberá estudiar ahora el proyecto de reforma y rehabilitación del edificio, ubicado en la barriada de Ciudad Jardín, que se encuentra sin actividad desde diciembre del 2018, cuando culminó una mudanza iniciada en el mes de septiembre de aquel año.
El proyecto para la reforma de la antigua Audiencia Provincial fue adjudicado en marzo de 2019 al arquitecto Francisco León Olmo, encargado también de la dirección de la obra. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ese mes la formalización del contrato para la redacción del proyecto, pero se trataba de un concurso que llevaba tiempo coleando, ya que se convocó en noviembre de 2017 y estaba desde agosto de 2018 adjudicado.
La Junta licitó la redacción del proyecto por 866.599 euros y un plazo de 32 meses y lo adjudicó finalmente por 527.325 euros, un 39 por ciento menos de lo presupuestado. El contrato prevé un plazo de ejecución de 32 meses.
La intención de la Administración andaluza es trasladar allí parte de sus sedes y llevar a cabo la centralización de las mismas. La Junta dio a conocer en junio del 2017 sus planes para el edificio, de 12.000 metros cuadrados construidos, al que pretende trasladar varias delegaciones.
Se ha estimado que la reforma del edificio, que data de los años 70 del pasado siglo y que es propiedad de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, necesitará una inversión de diez millones de euros.
