El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), después de que se haya comprobado en sede judicial que el exgerente del Consorcio de Bomberos de la institución provincial Antonio Navarrete tenía en un trastero particular documentos originales de la contabilidad del consorcio, ha responsabilizado al anterior gobierno del PSOE en la Diputación de la gestión del exgerente, que está imputado en varios procedimientos judiciales por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental, entre otros.

   En declaraciones a Europa Press, Fuentes ha recordado que la Diputación está personada en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba contra Navarrete, que investiga la desaparición de 613.291 euros de la caja del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación cuando Navarrete era su gerente, y ahora, tras conocer el contenido, de la documentación del Consorcio hallada en poder del exgerente de los Bomberos, "se abre una pieza nueva, pues se han encontrado expedientes concretos que afectan a la contabilidad oficial" del Consorcio.

   Ello implicará, según ha explicado Fuentes, que "tendremos que verificar cada uno de los documentos originales de la contabilidad" del consorcio ahora hallados, lo cual, según ha subrayado, "arroja muchas dudas ya sobre la gestión socialista, pues no se puede tener durante once años documentación en un trastero (por parte de Navarrete" sin que nadie repare en ello", sobre todo cuando se trata expedientes relativos, por ejemplo, a la compra de camiones para los Bomberos de la Diputación, que requieren una tramitación que, "¿si no se ha hecho?, lleva a preguntarse ¿cómo se han pagado esos camiones?".

   En consecuencia, según ha insistido el vicepresidente primero de la Diputación, "ahora se abre una etapa distinta y arroja muchas sospechas, no ya sobre la gestión del exgerente, sino sobre la tutela y el control que ejercía el anterior gobierno del PSOE sobre él, porque a cualquiera se le puede despistar una factura un mes o dos, pero no durante once años" y generar, además, "un agujero de 16 millones de euros", por el impago del IRPF a Hacienda y de las cuotas de la Seguridad Social, "y nadie puede pensar que eso no se supuiese".

   Eso ha llevado a Fuentes a preguntarse "¿cómo no se controló, cómo no saltaron los resoltes y qué estuvo haciendo el anterior gobierno del PSOE durante once años?", afirmando el vicepresidente primero de la Diputación que él no se cree "que el gobierno socialista no supiese nada de lo que se estaba haciendo", de modo que "aquí hay cosas que tendrá que explicar el anterior gobierno y vamos a pedirle explicaciones, a medida que vayamos verificando la contabilidad".

   Con anterioridad, cuando se conoció el pasado marzo el registro judicial del trastero de Naverrete en el que se halló la citada documentación del Consorcio de Bomberos, Fuentes ya dijo que "sobre este asunto existe también un procedimiento de reintegro de dicha cantidad, por parte del Tribunal de Cuentas" y Navarrete ha sido "declarado en rebeldía por no haber contestado a la demanda del Tribunal de Cuentas" y por no realizar "trámite alguno", detallando Fuentes que por este asunto "están imputados el exgerente, Antonio Navarrete", y el que fuera su "adjunto", Manuel Muñoz Luna.

   La cuestión, según destacó el también delegado de Hacienda de la Diputación, es que, "a día de hoy, no sabemos dónde están esos 613.291 euros, que fueron recursos que se desviaron a la cuenta particular del exgerente" y él, "aparentemente, no tiene un euro y solo tiene un embargo parcial de un sueldo".

   Además, el vicepresidente primero recordó que existen otros dos procedimientos abiertos por la vía penal, en el Juzgado de Posadas. El primero se refiere a la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción del Parque de Bomberos de La Carlota (Córdoba), causa ésta en la que están imputados el exgerente del consorcio, además del expresidente del mismo, Fernando Expósito, y el constructor Jorge Reif Tróqueli.

   El segundo procedimiento, según resaltó Fuentes, se refiere a la presunta comisión de los delitos de prevaricación y usurpación de funciones públicas, en cuanto al supuesto uso indebido de pólizas de crédito del Banco Santander, estando imputados por ello Navarrete y Expósito.