Los estibadores presentarán hoy, “al contrario de la información que ha vertido el Ministerio de Fomento que afirmaba que ya estaba presentado”, un preaviso de huelga para los días 20, 22 y 24 de febrero desde las 8.00 horas, hasta las 8.00 horas de los días siguientes, en horas alternas, las impares.
El motivo es “protestar por la incidencia abrupta del Ministerio en el proceso de negociación de reforma de la Ley, según el requerimiento del Tribunal de Luxemburgo; y la falta de ratificación del acuerdo, motivada por esta irrupción, sobre esta misma reforma legal de la estiba de 24 de enero de 2017, negociado entre Anesco y los sindicatos convocantes, Coordinadora, CCOO, UGT y CIG”.
Recuerdan que a instancias de la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, “antes del desértico y largo periodo de Gobierno en funciones”, trabajadores y patronal desarrollaron un documento conjunto de reforma de la Ley, motivado por la sentencia del Tribunal Europeo, en diciembre de 2014.
Con esta plataforma preacordada, justo antes de la ratificación en la asamblea de Anesco, el ministro Íñigo de la Serna, “de manera autoritaria, informó verbalmente, no ha mostrado documento alguno, de que tiene preparado un Decreto Ley caracterizado por los siguientes elementos”:
- “Los contratos indefinidos de la totalidad de estibadores portuarios se convierten en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras”.
- “Las empresas estibadoras dispondrán de un periodo de tres años durante el que estarán obligadas a seguir contratado al 75, 50 y 25%, respectivamente durante el primer, segundo y tercer año, de los estibadores portuarios de las SAGEP. Ello significa que las empresas podrán sustituir, libremente, a un 25, 50 y 75% durante los tres próximos años a los actuales trabajadores portuarios”.
- “A la finalización del indicado periodo, los trabajadores no contratados ex novo serán despedidos colectivamente cuyas indemnizaciones, hasta 2104, se realizarán con cargo a los recursos públicos de las respectivas autoridades portuarias”.
La “gravedad” del planteamiento del Ministerio, indican, es que “supone un despido generalizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria, en modo alguno se deriva de una exigencia de la sentencia del TJUE, sino una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral, al amparo de argumentos mezquinos sobre supuestas condiciones de privilegio laboral que, en realidad, solo tiene el propósito y la finalidad de incrementar la riqueza de los operadores portuarios y, en modo alguno, beneficiar a los consumidores españoles”.
“Como expresión legislativa del debilitamiento de la parte social en la negociación colectiva, los representantes del Ministerio informaron de que el nuevo Real Decreto-Ley tendría que incorporar –por mandato de Bruselas- una disposición sobre los límites y alcance de la negociación colectiva en el sector portuario”, denuncian.
“Al parecer, los principios liberales de la igualdad y libertad de las partes en la negociación pueden ser alterados a favor del empresariado. En los puertos, los trabajadores no podrán negociar libremente las condiciones de trabajo. Dicho de otro modo, tendrán que luchar con un brazo atado a la espalda”, subrayan.
“Uno de los logros de la estrategia ministerial ha sido la de haber dinamitado el consenso, de tal modo que Anesco, como asociación, no ha ratificado el preacuerdo con los estibadores. No hay que olvidar que las cifras record de los puertos españoles en los últimos años, en plena crisis económica y con un Gobierno en funciones, son producto de una Ley de Puertos consensuada y del buen entendimiento en los muelles entre trabajadores y empresarios, que ha tenido como consecuencia una fructífera paz social”, sostienen desde Coordinadora.
Los estibadores y el comité ejecutivo de Anesco, aunque no su asamblea, entienden “esencial la existencia legal de un Registro de Estibadores Portuarios, al amparo del Convenio nº 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Reino de España; la creación de Centros Portuarios de Empleo integrados exclusivamente por empresas estibadoras; la subrogación de la totalidad de los trabajadores y la aprobación de ayudas públicas y medidas legislativas para un Programa de Reestructuración del sector por un periodo mínimo de siete años”.
Los estibadores, aseguran, están “dispuestos a mantener el diálogo abierto, lo que no aceptarán es una imposición que los condena a muerte”.
La tipología de la huelga planteada para finales de febrero, al ser en horas alternas, de 24 horas se trabajará 12, “no requiere de servicios mínimos”, explican. “Si no se alcanzara un acuerdo, la huelga legal, pues cumple los requisitos del Real Decreto-Ley 17/1977, se ampliará. Este paro no afectará al servicio de pasajeros”, alegan.
