El Partido Popular de La Línea se ha referido hoy también al pleno de la semana pasada en el que se ratificó el decreto del alcalde para ejecutar la sentencia y retirar el polémico complemento de los 408 euros.

Destacan, en primer lugar, que "todas las cantidades a las que se hace referencia en el presente comunicado corresponden a cantidades en bruto, es decir, sin tener en cuenta las retenciones por
impuestos previas a la determinación del salario neto".

Los opulares recuerdan que "en 2010 determinados complementos y subidas salariales negociadas con los sindicatos fueron incluidos en el denominado 'Complemento Especifico/Plus de Productividad' de los empleados municipales, sumando un importe total de 408,25 euros, dentro de la  denominada negociación colectiva".

En febrero de 2013, continúa, "durante el último gobierno socialista, la Cámara de Cuentas de Andalucía, organismo fiscalizador dependiente de la Administración Autonómica, dictamina que dicho incremento de los salarios no es ajustado a derecho y apunta que debe corregirse la situación a riesgo de incurrir en responsabilidades penales".

Ya en octubre de 2013, mediante acuerdo de pleno y bajo la presidencia de la socialista Gemma Araujo, "se determina la nulidad de los hechos descritos en el párrafo anterior. Así mismo, el equipo de Gobierno integrado por PSOE-PA acuerda con los sindicatos la redacción de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita dar aspecto de legalidad a la restitución de los 408,25 euros detraídos a los trabajadores municipales".
Según la nota del PP, esta forma de "enmascarar la restitución de los 408,25 euros en una especie de simulacro de RPT, impulsada por el equipo de Gobierno de Araujo contaba con sendos informes desfavorables del Secretario General y del Interventor de Fondos, ya que suponían incrementos salariales globales y lineales por encima de lo que permitía la Ley de Presupuestos Generales".

En su recorrido cronológico apuntan que "a efectos económicos de 1 de enero de 2014 se procede a incrementar los salarios en los 408,25 y en el mismo acto, a descontar un 15% del complemento en aplicación de las medidas recogidas en el plan de ajuste presupuestario y las medidas de reducción de gastos en capítulo de personal".

Ya en marzo de 2014 la Junta de Andalucía requiere al equipo de Gobierno de PSOE-PA para que anule o adapte a la Ley la RPT aprobada en diciembre de 2013 por socialistas y andalucistas. Ante la falta de respuesta  por parte del Ayuntamiento linense, representado por el Gobierno de Gema Araujo, la Junta de Andalucía denuncia en los tribunales el acuerdo de pleno por el que ésta se aprobó".

En junio de 2015, ya bajo el mandato del actual equipo de Gobierno, formado por La Línea 100x100 y el Partido Popular, los tribunales determinan la nulidad de la RPT aprobada por socialistas y andalucistas a fin de devolver los famosos 408,25 euros a los empleados municipales.

Esta sentencia fue recurrida por los sindicatos y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó el recurso en enero de 2016, declarando la nulidad del acuerdo de pleno de diciembre de 2013 por el que se aprobaba la RPT que determinó el incremento irregular en las nóminas.

"Es en mayo de 2016 cuando el Tribunal de Cuentas dependiente del Ministerio de Hacienda comunica al Ayuntamiento que el Fiscal solicita el nombramiento de instructor para determinar las posibles responsabilidades penales existentes por el cobro de cantidades indebidas correspondientes al incremento de los salarios en los ya mencionados 408,25 euros que han sido determinadas nulas por la sentencia del TSJA".

Conclusiones

Tras la exposición de los hechos de manera cronológica, el PP apunta en la nota que "el actual equipo de Gobierno se ve obligado al cumplimiento de las sentencias que declaran nulas las subidas de las retribuciones producidas como consecuencia de la aprobación de la RPT en diciembre de 2013, recabándose para ello los informes de los técnicos  con habilitación  nacional a fin de determinar la forma y las cuantías exactas en las que habría que ajustar las nóminas de los trabajadores, dado que ya se les había detraído un 15% de los complementos declarados ilegales en aplicación de las medidas de contención del gasto en personal en enero de 2014".

En consecuencia, al haberse producido en su momento un subida lineal generalizada, "ahora se produce el efecto contrario. Es decir, los trabajadores que menos cobran, y que en su momento se vieron mas beneficiados por los incrementos salariales en términos relativos, ahora resultan más perjudicados pues se les detraen cantidades que incluso en ocasiones superan los 300 euros. Mientras que aquellos que en su momento fueron menos beneficiados por las subidas, ya que al tener sueldos más altos la detracción del 15% del complemento era bastante mayor, en esta ocasión ven reducidas sus nóminas en cantidades que rondan o incluso bajan de los 100 euros".

Por tanto, los populares linenses manifiestan que este equipo de Gobierno "tiene la obligación de acatar las sentencias y aplicarlas en los términos expresados en los informes recabados a tal efecto".

Apuntan que "lógicamente, no se puede obviar que los más perjudicados en este caso son precisamente los trabajadores municipales, quienes estando al margen de las decisiones que se han tomado en cada momento por los representantes sindicales y los distintos equipos de Gobierno se ven envueltos en esta desagradable situación".

Así, en opinión del PP, "habría que plantearse el papel desempeñado los diferentes sindicatos que acordaron las subidas salariales encubiertas en una RPT a todas luces ilegal, pero que a su vez permitía seguir manteniendo determinados privilegios salariales a ciertos miembros de la plantilla municipal; y sobre todo a los gobernantes del PSOE-PA que, aun siendo conscientes de la irregularidad de esos complementos y contando con informes desfavorables de los técnicos, aprobaron una más que dudosa RPT, reconociendo que no era más que una foto fija con el único fin de recuperar los complementos declarados ilegales, que tanto los tribunales de lo contencioso-administrativo, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han anulado por estar al margen de la legalidad".