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Prejubilados y Ayuntamiento, enquistados en la negociación

Las declaraciones del delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, sobre la negativa a nuevos anticipos hasta que decida el Consejo Consultivo y al pago de 16 millones en los últimos seis años han terminado de encender la mecha del conflicto

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  • Los prejubilados, concentrados -

El pago de las pensiones compensatorias a los ex empleados del Ayuntamiento de Algeciras parece enquistarse en un conflicto que ha elevado esta semana el tono, como consecuencia de la insatisfacción del colectivo y por los impagos por parte del equipo de Gobierno municipal.

El proceso tiene su origen en el Pleno del Ayuntamiento del pasado 20 de julio, en el que el equipo de Gobierno aprobó la cancelación del pago de las pensiones compensatorias. Esta medida se adoptó como consecuencia de la impugnación por parte de la Junta de Andalucía del artículo 14 del nuevo convenio colectivo que hace referencia a dichas prestaciones, basándose para ello en informes técnicos que advertían de la posibilidad de que se pudiera incurrir en malversación de fondos públicos cada vez que se procediera al pago de estas pensiones.

El Pleno del 20 de julio sentó las bases, no obstante, de un proceso negociador, que se conformaba en la constitución de una mesa de trabajo para buscar alternativas “dentro de la legalidad” a la desaparición de estos complementos.

Esta mesa de trabajo mantuvo una primera reunión el día 24 de julio, presidida por el delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, y compuesta por técnicos municipales, representantes de PSOE e IU, de la Junta de Personal del Consistorio y una representación del colectivo de afectados por la retirada, ordenada por el Gobierno autonómico, de las pensiones compensatorias que venían percibiendo por parte del Consistorio.

La mesa logró un avance importante al sentar las bases de un acuerdo con los jubilados voluntarios por razones de edad, que aceptaron la alternativa de pago propuesta por el equipo de Gobierno.

Esta alternativa se basó en el pago de indemnizaciones con un límite, marcado por la diferencia entre la pensión del ex trabajador (rebajada por cuanto se acogió a ella antes de tiempo) y la pensión máxima que hubiera disfrutado  de haber seguido trabajando hasta los 65 años.

El acuerdo concretaba también un máximo de 15 años para el disfrute de estas indemnizaciones hasta alcanzar las cantidades acordadas en su día. La medida satisfizo a un grupo de unos 80 ex empleados municipales.

Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo con la treintena de jubilados por incapacidad, con los que se prosiguió la negociación para contemplar otras fórmulas alternativas de pago.

Protestas
Este colectivo no ha encontrado, sin embargo, una satisfacción en las negociaciones que ha ido manteniendo con el Ayuntamiento, lo que les llevó a mediados del mes de septiembre a iniciar un proceso de concentraciones diarias en la puerta del Ayuntamiento en protesta por la congelación de sus compensaciones.

El grupo de prejubilados por discapacidad rechazó la fórmula propuesta para ellos por el equipo de Gobierno, consistente en el pago de 500 euros como suelo y 1.000, la cual consideran “insuficiente” ya que les supone pérdidas de entre 25.000 y 80.000 euros con respecto al total que iban a percibir.

Sus continuadas protestas llevaron a la creación de una comisión negociadora, integrada por todos los grupos municipales, para la búsqueda de una solución al colectivo.
Paralelamente, el equipo de Gobierno adoptó la decisión de trasladar el asunto al Consejo Consultivo, lo que los ex trabajadores rechazaron al entender que “no se corresponde con lo que acordaron en aquel pacto político” de buscar una solución al problema en el Pleno de julio.

El 26 de septiembre, y en el marco de la comisión negociadora, los prejubilados por incapacidad propusieron el pago de un “adelanto” de las cantidades retenidas desde hace cuatro meses por el Ayuntamiento en relación a los complementos a su pensión.

El Pleno del 28 de septiembre dio un paso adelante en base a esta petición del colectivo, y aprobó una propuesta consensuada por todos los partidos políticos que contemplaba modificar las medidas provisionales adoptadas por acuerdo plenario de 20 de julio de 2012 sobre el expediente de revisión de oficio y adopción de medidas cautelares sobre la prestación de carácter económico a personal jubilado del Ayuntamiento; y abonar las cantidades propuestas por el departamento de Personal hasta que haya una resolución definitiva del expediente por parte del Consejo Consultivo.

Finalmente, este acuerdo comenzó a llevarse a la práctica el pasado 10 de octubre, cuando el Consistorio ingresó 65.613 euros correspondientes a uno de los meses que se adeudaba al colectivo, “en espera de la decisión que adopte el Consejo Consultivo sobre las pensiones complementarias”.

La cantidad abonada cumple con dos requisitos, que ninguna de las pensiones supere los 1.000 euros mensuales y que en su conjunto ninguno de los prejubilados sume una cantidad superior a la pensión máxima legal, con lo que a juicio de los técnicos municipales se cumple el requerimiento efectuado por la Junta de Andalucía del pasado mes de mayo, que impugnaba el actual convenio colectivo del Ayuntamiento.

Esta cantidad es sensiblemente inferior a los 170.000 euros mensuales que suponía para las arcas municipales la aplicación del convenio colectivo y con ello se corrigen algunas de las pensiones complementarias que tanto escandalo causaban a la ciudadanía por su desproporción con el resto de pensiones que perciben los jubilados de Algeciras.

No más pagos
No obstante, Fernández puso entonces de manifiesto que este sería el único pago que se producirá hasta tanto el Consejo Consultivo se pronuncie sobre esta cuestión y otorgue validez al expediente tramitado por el Ayuntamiento, con el que se pretende “eliminar una situación que era injusta para el conjunto de los ciudadanos, pero al mismo tiempo no perjudicar a unos funcionarios que han visto reducida su base reguladora por una decisión adoptada en base a un convenio colectivo que ahora ha sido impugnado por la Junta de Andalucía”.

Asimismo, Fernández manifestó que, si no se lo pide el alcalde, José Ignacio Landaluce, no harán uso de la posibilidad que da el acuerdo plenario de septiembre acerca de pagar un segundo mes a los prejubilados.

Fernández resaltó que el colectivo cobraba entre 300 y más de 5.000 euros mensuales, lo que “suponía para las arcas municipales, para los bolsillos de los algecireños, 170.000 euros al mes” y que en los últimos ocho años de Gobierno municipales socialista “se han gastado 16 millones de euros”.

Estas declaraciones han provocado la indignación del PSOE local, que señaló que “el PP del señor Landaluce creó las ayudas a prejubilados del Ayuntamiento y nombró a los altos cargos que la cobran”.

El portavoz del grupo municipal socialista, Diego Sánchez Rull, puso de manifiesto que “las ayudas a prejubilados municipales que tanto critica ahora la creó el Partido Popular del señor Landaluce cuando gobernó la ciudad” junto al Partido Andalucista.

“Por lo tanto, la cuenta que con tan poca vergüenza política hace el gobierno del PP -16 millones de euros entre 2003 y 2011- arranca desde el periodo corporativo  1995-1999, no desde hace ocho años”.

Además, incidió en que “habría que preguntarse si no fue el PP del señor Landaluce el que nombró a todos los altos cargos como beneficiarios del convenio laboral municipal e hicieron planes a la medida de algunos amigos a los que agradecieron sus servicios prestados con importantes sumas”.

Pese a todo, el PSOE “apoya el cumplimiento del acuerdo adoptado de forma unánime en el último Pleno, que contempla el pago de dos mensualidades.

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