El 80% de las mujeres que ejercen la prostitución fueron maltratadas físicamente y sufrieron abusos sexuales durante la infancia, lo que provoca daños físicos, mentales y emocionales de larga duración, y en algunos casos incluso irreversibles.

Son los datos que se extraen del informe El tráfico y la trata de seres humanos con fines de explotación en España, que analiza la situación en España y las actuaciones de los partidos políticos con mayor representación al respecto, elaborado por el Observatorio Cívico Independiente (OCI) en colaboración con la coalición internacional Stop the traffic.

El informe recomienda una serie de medidas para impedir el tráfico y la trata de personas entre las que se encuentran una mayor protección de los menores, con el aumento de las penas por abuso y la edad mínima para permitir relaciones sexuales consentidas, que se sitúa en los 13 años, “lo que facilita muchos abusos encubiertos”, explicó el coordinador de Stop the traffic, Daniel Barregas.

Sus autores abogan por endurecer las penas a los proxenetas y por medidas de reinserción para las prostitutas y acciones que incentiven la denuncia de estas situaciones, así como el apoyo al desarrollo socio-económico en los países de origen de los que proceden las víctimas.

El presidente del Observatorio Cívico Independiente (OCI), Jaume Llenas, y secretario general de la Alianza Evangélica Española que promueve el Observatorio, aseguró que España es el primer país de Europa en cifras de trata y tráfico de mujeres y que “con poco más de la mitad de la población de Gran Bretaña, hay tres veces más prostitutas que allí”.

Explicó también que los “clientes” no pueden definirse así porque “no existe una relación laboral sino que se están aprovechando de una situación de vulnerabilidad”, por lo que el informe recomienda al Gobierno la puesta en marcha de medidas que penalicen al cliente y no a las víctimas.

“En Suecia se penaliza a los clientes desde 1999, lo que ha desincentivado el tráfico de mujeres, que ha disminuido hasta 500 mujeres al año, frente a las 7.000 de Dinamarca o las 18.000 de España”, destacó Barregas.