Los concejales de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo, estaban llamados a declarar con motivo de la denuncia presentada en el juzgado de instrucción número 3 por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra el alcalde de la ciudad, José María González Santos. La denuncia se ponía después de que se haya dado por efectiva la transmisión de la titularidad de los chiringuitos por parte de la Junta sin la existencia de un concurso público, entre otras acciones.
A su salida de los juzgados, Pérez Dorao explicó que “hemos ratificado la denuncia y hemos ofrecido información complementaria a la juez, que se interesaba sobre la resolución del Ayuntamiento, los escritos posteriores a la Junta de Andalucía, la resolución de la Administración autonómica y el escrito en el Ayuntamiento, así como las alegaciones”.
De momento está pendiente que se le remitan al juzgado los expedientes tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía y será cuando se determine si proceden más pruebas al respecto, explicó el portavoz de Ciudadanos. Lo lógico será que se llame a declarar a los funcionarios de la Administración autonómica que han llevado a cabo el expediente, así como a los titulares de los propios chiringuitos y al alcalde de la ciudad.
Para Pérez Dorao, el titular del juzgado se ha enterado “de lo que hay, aunque somos conscientes de que se trata de un asunto ciertamente complicado. No obstante, creemos que sí se ha informado de qué ha ocurrido y cómo se ha actuado al respecto para ver si existe la posibilidad de que haya una irregularidad con relevancia penal”.
Desde la formación naranja ya han indicado en varias ocasiones que todo este proceso se inició por un Decreto del alcalde que “carecía de cualquier informe jurídico. No fue hasta que Ciudadanos advirtió sobre el proceso cuando decidió dar marcha atrás. No han pensado en el interés general hasta que se han visto al descubierto”.
Versión de Ecologistas
Por su parte, Ecologistas en Acción pide a la Junta y al Ayuntamiento que “garanticen el carácter público de las playas y no sucumban a las presiones de los empresarios de los chiringuitos”. En un comunicado añaden que estas instalaciones “deben mantenerse en la concesión municipal con la superficie autorizada en ésta y ser desmontadas en invierno”.
Consideran que el origen del conflicto es la reforma del PP de la Ley de Costas, a la vez que apuntan que la superficie de los chiringuitos debe mantenerse en 150 metros cuadrados, siguendo el Plan General de Ordenación Urbana, a la vez que insisten en que deben desmontarse en la temporada invernal.
