El matasellos de correos del envío realizado por la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000 al Tribunal de Cuentas con las alegaciones de los consejeros del PP y del PSOE refleja que fueron enviadas a dicho tribunal el 5 de abril, un día antes que el alcalde diera a conocer el auto de archivo de la denuncia presentada en esa institución por el proceso de municipalización.

Este envío de sendos escritos al Tribunal de Cuentas se realizó, por tanto, 35 días después de que fueran presentados por los consejeros de los dos partidos en el Consejo de Administración de Cádiz 2000 celebrado el 1 de marzo, tal y como reflejaron el día después algunos medios de comunicación.

La mayoría del consejo hubiera aprobado –como de hecho hizo en el Consejo del 20 de marzo- que la contestación pedida por el Tribunal  de Cuentas a la denuncia hubiera incorporado los argumentos de populares y socialistas. Ni el 1 de marzo cuando se presentó, ni el 20 de marzo cuando se tomó el acuerdo, finalmente Pinillos esperó al 5 de abril para enviar al Tribunal los escritos de los miembros del consejo.

Un mes antes, el 22 de febrero (justo un día después de ser ratificado como presidente del Consejo de Administración) Martínez de Pinillos remitió sus alegaciones “sectarias evidentemente, de nuevo a espaldas del consejo y omitiendo los motivos que ponen en duda la legalidad del proceso de municipalización”, según indicaron desde el GMPP (Grupo Municipal del Partido Popular).

Un engaño con consecuencias.

El propio auto de archivo señala que el ministerio Fiscal interesó el archivo el 12 de marzo, a la vista de las alegaciones presentadas por el representante legal de Cádiz 2000, que llegaron a ese Tribunal el 22 de febrero, un día después de ser ratificado Martínez de Pinillos y -tal y como se hizo patente días después- sin el visto bueno del resto del Consejo. Esas alegaciones por tanto no reflejaban las opiniones del consejo de administración, cuyos escritos se remitieron el pasado jueves, lo que ha sido calificado por el GMPP como “un engaño que tendrá sus consecuencias”.

Los populares gaditanos han señalado a tenor de la información obtenida en estos días que “han vuelto a cometer las mismas irregularidades que se denunciaron en su día; tomar decisiones a espaldas del consejo y sin el mandato del mismo”. El GMPP también recordó que “el proceso de municipalización no solo está viciado de irregularidades en su aspecto económico, ya que se basan en un coste del servicio teórico y no real, algo que intencionadamente el Gobierno Local ha ocultado al Tribunal de Cuentas, sino de irregularidades administrativas, lo que también se verá en otros procesos judiciales que ya están en marcha”.

Oportunidad perdida

El GMPP concluyó lamentando que ni el alcalde ni De la Fuente hayan entrado a valorar los otros dos procesos judiciales relacionados con la municipalización que ya han concluido; “era una oportunidad estupenda para que hubieran explicado quién va a correr con los gastos de esos dos juicios perdidos contra trabajadores que fueron despedidos por Podemos de manera sectaria, y sobre todo que explicaran a esos trabajadores que despidieron que esta municipalización la hacen para defender sus intereses”.