El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha mostrado su "satisfacción" por la culminación de la operación 'Venel' que ha finalizado con la puesta a disposición judicial de 22 personas, tres detenidos y nueve investigados por un presunto fraude masivo al Servicio Andaluz de Salud (SAS) con prótesis ortopédicas. Ha subrayado que fue la Junta quien detectó las irregularidades en 2013 y realizó una investigación, de la que dio cuenta a la Fiscalía una vez culminada.
En declaraciones a los medios, López Gil ha señalado que "desde el primer momento" la Junta era consciente de que declararían en este procedimiento el director y el exdirector gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz y la directora del área financiera, pero "en concepto de directivos" que tenían a su cargo a otras personas que sí podrían estar implicadas. En cualquier caso, figuran en el procedimiento como investigados, pero "nunca han sido detenidos ni hasta ahora han sido denunciados como parte de la acción de lo ocurrido".
De hecho, según ha resaltado, fueron precisamente ellos quienes "alertaron de lo que estaba ocurriendo", iniciaron el expediente y llevaron la denuncia a la Fiscalía en abril de 2015.
Concretamente, López Gil ha recordado que en 2013 se detectó desde la dirección y la administración financiera de los hospitales que existía "un problema", por lo que en octubre de ese año se inició un expediente y se alertó de la situación, que implicaba que había cuatro personas que podrían estar incurriendo en irregularidades en su trabajo.
Así, además de un expediente sancionador a los cuatro trabajadores, se desarrolló una investigación que se prolongó hasta abril de 2015, momento en el que se dio traslado a la Fiscalía.
Por tanto, ha dicho que hay "tranquilidad" en lo que afecta a la Junta en este procedimiento, ya que, además de ser "los perjudicados", han sido "colaboradores absolutos de la Fiscalía" para el esclarecimiento de los hechos y la detención de los posibles responsables.
Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, las investigaciones detectaron una trama organizada que estaría conformada por algunos funcionarios del SAS del Hospital de Puerto Real y varios titulares de ortopedias radicadas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. Se estima que la cantidad defraudada supera los 250.000 euros. Los implicados están acusados de varios delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documento público, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal.
