Todos los integrantes del anterior equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Cádiz en el mandato 2011-2015 firman la querella criminal que se ha presentado hoy mediante el procedimiento reglado y al amparo de lo recogido en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra González Santos, González Bauza y Barcia Magaz por los delitos de calumnias e injurias “y por los hechos que se detallan en la misma”.

La querella se presenta ante “el Juzgado de Instrucción de esta ciudad que por turno de reparto corresponda” y tiene un cuerpo de 35 folios en los que se acredita los delitos de calumnias e injurias cometidos por los tres querellados al manifestar públicamente que los querellantes “contaminaron a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días”, lo que a todas vistas es una acusación por un delito contra la salud pública. Previa a la presentación formal de esta querella se presentó el pasado 30 de marzo la papeleta de conciliación que es obligatoria para la interposición de la misma.

La parte documental de la querella formulada hoy remite a más de 80 archivos de diversa índole en los que se pueden corroborar las declaraciones públicas realizadas por González Santos y Barcia Magaz el 7 de marzo y las posteriores realizadas por González Bauza en las que se sustentan “la grave acusación de suministrar agua contaminada a sabiendas al barrio de Loreto”. El relato de los hechos aclara que los querellados habían convocado a vecinos y medios de comunicación por la tarde en el salón de actos de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, para informarles del contenido de un informe de estudio, análisis y esclarecimiento de lo sucedido en octubre de 2014 que se había presentado ese mismo día 7 de marzo por la mañana en la Comisión Informativa de Sostenibilidad, creada para tal efecto.

González Santos y Barcia Magaz utilizaron ese acto ante medios y vecinos para lanzar las graves acusaciones: el primero indicando que los querellantes habían suministrado a sabiendas agua contaminada a los vecinos del barrio de Loreto durante 14 días, manifestando no encontrar explicación que justifique que se hubiese ocultado tanta información; el segundo “pese a no tener ninguna representación pública, pero sí ser el asesor personal del Sr. González Santos, en nómina del Ayuntamiento de Cádiz, no dudó en coger el micrófono y señalar directa y públicamente a los querellantes Teófila Martínez e Ignacio Romaní”.

Repercusión mediática y reiteración en la acusación

La repercusión que esas declaraciones tuvieron en medios locales y nacionales también queda acreditada en la parte documental. A lo largo de los 35 folios de la querella rectora se suceden las alusiones a otros archivos en los que se recogen también las declaraciones de González Bauza delante de la Audiencia Provincial de Cádiz. Sobre este hecho se indica en el documento que “para darle mayor autobombo a las acusaciones realizadas (los querellados) deciden anunciar (…) que la presentación de dicha denuncia a Fiscalía se haría convocando previamente a los medios y siendo acompañados, además, por vecinos del barrio. Una vez en Fiscalía (…) el Sr. Bauza, acompañado por el también querellado Sr. Barcia Magaz, repite las acusaciones ante los medios de comunicación previamente convocados, manifestando que “nada justifica dejar a un barrio consumir agua contaminada varios días”.

La sorpresa de los miembros del anterior equipo de gobierno no solo se sustenta en la gravedad y el calibre de la acusación vertida por González Santos, sino en el hecho de que “la Comisión Informativa de Sostenibilidad en la cual se presentó el informe acordó, por todos los miembros que la componían, que dicho informe era considerado como provisional a la espera de la audiencia que se acordó dar a los antiguos técnicos de Aguas de Cádiz que estuvieron al frente de la gestión de la crisis del corte agua de Loreto”, ya que no habían sido tenidos en cuenta, acordándose antes de darle el carácter de definitivo al informe habría que esperar a la práctica de dichas diligencias.

Conclusiones

La querella va ofreciendo conclusiones hasta su tramo final, y se hace constar que “todo hace pensar que era una acusación premeditada y orquestada por los querellados con antelación para hacer el mayor daño público posible, así como eliminar políticamente al adversario, usando la infamia, la deshonra, la humillación, la mentira, la falacia…”. Uno de los fundamentos esenciales del escrito es también que “el hecho atribuido” a los anteriores responsables municipales dinamita el derecho al honor de los querellantes, y se destaca los daños morales causados a los querellantes por las injurias vertidas en su contra, “que sin lugar a dudas han puesto en duda su buen nombre y honorabilidad como persona pública”.
El escrito concluye indicando que “la afirmación haciendo constar que el anterior equipo de gobierno había suministrado agua contaminada a sabiendas a los más de 13.000 vecinos de Loreto es deshonrosa por lo que significa (imputación de un delito de contaminación, delito de lesiones,…., infamia que pone en duda o menosprecio su probidad o su ética en el desempeño de su actividad pública). Y es ilegítima en su misma formulación, publicación y divulgación por cuanto es también absolutamente falsa”, por lo que “la alarma social generada por semejantes publicaciones ha constituido una intensa y abusiva campaña de desprestigio contra mis mandantes, imputable a los querellados”.

Valoración política

El portavoz de Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, ha manifestado tras la presentación de la citada querella que la misma “tiene un solo objetivo, y es que no quede impune un delito que alguien que ostenta el cargo de alcalde ni puede ni debe cometer. Si González Santos, su teniente de alcalde o su asesor piensan que es posible acusar a alguien –sea político o no- de suministrar agua contaminada a sabiendas a 13 mil personas y quedarse tan tranquilo es que tienen un concepto muy extraño de la justicia y la honestidad”.

Romaní ha concluido indicando que “ya dijimos que actuaríamos con toda tranquilidad pero con contundencia. Lo advertimos la misma semana que conocimos esta grave acusación y lo reitero hoy; es lo más miserable que he visto en la vida pública en toda mi vida, y por supuesto no vamos a permitirlo. Tenía que haber dimitido en marzo por la gravedad de su delito, tras destituir a su asesor y al teniente de alcalde, pero si no es capaz de entender la seriedad de este asunto esperamos que la justicia le abra los ojos”.