La diputada provincial del PSOE, Isabel Moya, considera, absolutamente, necesario paliar la situación actual de esta lacra que afecta a muchas mujeres. Cree, además, que “el Gobierno de Rajoy con sus recortes y retrocesos ha conseguido paralizar durante estos cuatro años el avance en la lucha contra la violencia que ejercen muchos hombres sobre sus parejas y ex parejas”. Todo esto ha llevado a la sociedad española a un “retroceso irrevocable, ya que lo no se avanza se retrocede”, asegura Moya. Pero el PP no sólo ha representado a un Gobierno poco sensible con la violencia de género, sino que, según la diputada, “las modificaciones legales contrarias a la igualdad y los presupuestos del PP a lo largo de esta legislatura evidencian la escasa atención prestada por el Gobierno popular a la violencia de género, algo que debería ser una constante en la agenda política y cuestión de Estado prioritaria”.
Según los últimos datos, el programa contra la violencia de género baja el 10,92% respecto al 2009. Así pues, este programa contará para 2016 con un presupuesto de 25,2 millones de euros, lejos de los 34,3 millones con los que contaba en 2010. Según la diputada, “a pesar del aumento que el PP ha realizado en unos presupuestos apresurados y hechos a la ligera antes de unas elecciones generales muestran dos cosas, una que son presupuestos electoralistas y otra que no consiguen equiparar las cifras, ni por asomo, a las que existían con el anterior Gobierno socialista”. Este hecho arroja el dato de que sólo el 0,0103% del Presupuesto de 2016 está destinado a la lucha contra la lacra de la violencia contra las mujeres.
Así pues, desde 2003 que existen estadísticas oficiales sobre violencia de género se ha podido comprobar como han sido asesinadas alrededor de 800 mujeres, asunto que para el PSOE es una prioridad y la lucha por la igualdad una meta. Los socialistas siempre han estado comprometidos con la materia y como mejor ejemplo está la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género un revulsivo para la lucha contra el mismo y un ejemplo consolidado como modelo internacional. “Es una ley reconocida y premiada que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia machista”, arguye Moya.
Todo esto ha llevado al Grupo Socialista de Diputación a trabajar en pos de esta lucha que inició el PSOE hace tiempo. Por ese motivo, instarán en el próximo pleno a través una moción a que el Gobierno central reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, así como que establezcan recursos que refuercen la prevención y la asistencia social a las víctimas de violencia de género. Para la socialista es primordial que “haya un fondo de apoyo a los Ayuntamientos que alcance progresivamente en un plazo de cuatro años los 100 millones de euros para reforzar la red de servicios públicos, impulsando, sobre todo, el papel de los Servicios Sociales Municipales y los Centros de la Mujer”.
Dentro de esta batalla librada contra el machismo hay un problema al que se pretende hacer frente y está relacionado con la Justicia. “El número de denuncias es insuficiente, pues sólo se pone en conocimiento de los juzgados el 30% de los episodios violentos, así que hay que luchar contra esa impunidad y hacer que las víctimas tengan confianza en la justicia, que estén protegidas y que no teman perder a sus hijos”, manifiesta Moya. Para tal fin, añade, “se hará un acompañamiento judicial en los Juzgados de Violencia de Género para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia sobre el itinerario y procedimiento más seguro desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso”. En esta tarea se insertará, también, el establecimiento de protocolos para las mujeres que retiran las denuncias por violencia de género. “Cada retirada de una denuncia es un fracaso para la Justicia”, justifica la socialista.
Por todo ello, los socialistas instarán al Gobierno Central a que sea obligatoria una formación específica en la materia, impartida por una institución acreditada previamente a ocupar un puesto tanto de magistrado, así como de abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados de violencia de género. Por su parte, educar a la ciudadanía es de vital importancia, y el hacerlo con las nuevas generaciones, una necesidad para erradicar esta lacra. “Sólo con la educación rompemos los ciclos y la incorporación al currículun en todas las etapas educativas de la formación en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de violencia de género evitarán su repunte y contribuirán a su erradicación”, comenta la diputada de Igualdad.
Por último, tal y como han comentado tanto la CEDAW como el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica el Grupo Socialista instará al Pleno de la Diputación ampliar la Ley Integral contra la Violencia de Género, así como ampliar esta a todas las manifestaciones de dicha violencia y no sólo a la que se produce en relaciones de pareja como ocurre en este momento. “Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género”, concluye Moya.
