La Audiencia Provincial de Cádiz juzgará el próximo miércoles, día 21, al promotor de una empresa de edificaciones, acusado presuntamente de estafar más de 108.000 euros a dos mujeres que le entregaron esta cantidad económica como pago para dos viviendas aún teniendo la "certeza" de que éstas no llegarían a construirse.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado I.R.S., después de varios días de conversaciones previas, celebró el 3 de octubre de 2006 un contrato privado de compraventa con una mujer de una vivienda que el acusado, en su condición de representante legal de la empresa Irasa, tenía proyectado construir en la calle Pozo del Olivar, número 15, de Jerez de la Frontera (Cádiz), estableciéndose en dicho contrato que el precio final sería de 180.062 euros y que la fecha de entrega de las viviendas sería, "como muy tarde", en septiembre de 2008.
Además, entre otras cláusulas, el acusado se comprometía a que el dinero pagado por ella se destinara exclusivamente a esta promoción de viviendas. Así las cosas, en cumplimiento de lo establecido, M.C.G. pagó en el momento del contrato 27.000 euros y aceptó cinco letras de cambio por importe de 5.401 euros, de forma que el acusado recibió un total de 54.014 euros, ya que le había hecho creer que no existía ningún inconveniente para tal edificación y que el edificio se construiría según lo previsto.
De igual modo, el día 4 de octubre de 2006, el acusado celebró otro contrato similar de compraventa de una vivienda, en el mismo edificio, con otra mujer, estableciéndose en dicho contrato unas condiciones idénticas a las del contrato anterior.
Según el Ministerio Fiscal, el acusado "engañó" a ambas compradoras "con el propósito de quedarse con el dinero asumiendo la probabilidad, cuando no la certeza, de que no se pudiera construir el edificio", ya que cuando se firmaron los contratos de compraventa el proyecto de construcción viviendas presentado por el acusado no sólo no había sido aprobado por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, sino que era imposible que lo aprobara tal y como estaba redactado.
Además, el acusado no garantizó, tal y como exige la ley, la devolución de las cantidades de dinero entregadas a cuenta por los compradores para el caso de que la construcción de viviendas no pudiera ser finalmente realizada, lo que unido al hecho de que destinó el dinero recibido "a su propio lucro y beneficio personal", ha provocado que las perjudicadas no hayan recuperado su dinero y no puedan tener su piso al ser de imposible ejecución el proyecto por que compraron sus viviendas.
Así, la Fiscalía entiende que los hechos descritos son constitutivos de un delito continuado de estafa, por lo que solicita una pena de cinco años de prisión. Además, en concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a ambas en la cantidad de 54.014 euros a cada una de ellas.
