El recurso será presentado en el Tribunal Constitucional por el coordinador de Justicia y Libertades del PP, Federico Trillo, la portavoz de Igualdad del partido, Sandra Moneo, y el diputado Santiago Cervera.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, dijo ayer que el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentará “en plazo”, antes de su entrada en vigor el 5 de julio, “tal y como está previsto”.
Jiménez hizo estas declaraciones tras concluir el Consejo Interterritorial de Salud, en el que los consejeros del PP solicitaron la retirada de los dos decretos que desarrollan la Ley, ante el recurso de inconstitucionalidad que presentarán hoy.
Los populares criticaron la “inseguridad jurídica” en la que, en su opinión, quedarán los médicos, al tener que ser ellos quienes decidan si las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin informar a sus padres en el que caso de que aleguen coacciones.
Esgrimió, frente a estas críticas, que la nueva normativa da “mayor seguridad jurídica” a los profesionales y “clínica” a las mujeres. Según la ministra, el propio presidente de la Organización Médico Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, reconoció que “nadie mejor que los propios profesionales” pueden valorar la situación de las menores, aunque ha subrayado que estos casos “serán los menos”.
“El temor” de las jóvenes, según la ministra, será valorado por los médicos “dando crédito a lo dicho por la propia joven” y con la ayuda opcional de un psicólogo y de un trabajador social.
El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, aclaró que esto no complicará los trámites burocráticos porque serán las afectadas las que decidan a qué profesionales acudir.
Aunque la ministra considera “respetable” la postura de los populares, confesó que no entendía su posición, ya que no se basa en un “debate técnico” sino en “un no reiterado” a una Ley que ellos mantuvieron cuando estaban gobernando. Negó que la aplicación de esta Ley suponga un gasto adicional para la Sanidad, al no ser una nueva prestación, y ha recordado a los dirigentes del PP que, como ministra, tiene un “mandato legal” de desarrollar el texto legislativo.
Jiménez sentenció que esta Ley pone el acento en la “prevención, en la información y la planificación” y que, por lo tanto, lo que busca es que se reduzca el número de abortos. En esta línea, ha apuntado que estas intervenciones se han reducido ya en un 10%.
En el marco del Consejo se han debatido las medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema de salud, pero “nadie ha mencionado la palabra copago”, según dijo la ministra. “Este Ministerio no se plantea establecer el copago”, subrayó Jiménez, mientras que la consejera de Cataluña, Marina Geli, sí ha apostado por esta medida antes de entrar en la reunión.
La ministra se felicitó de la “buena acogida” que ha tenido la creación de una central de compras para racionalizar el gasto, una medida aprobada en el Consejo celebrado el 18 de marzo, y que se ha estrenado hoy con un acuerdo para adquirir 9 millones de dosis de vacunas para la gripe estacional, un 20% más baratas de lo habitual.
La nueva central de compras, ubicada en el Ministerio de Sanidad, permitirá a las CCAA sumarse a las compras voluntariamente para adquirir de forma centralizada los medicamentos y productos sanitarios a los mejores precios.
La Comisión Delegada del Consejo se encargará de establecer “la hoja de ruta” de las otras medidas consensuadas para garantizar el futuro del sistema, entre ellas el registro de médicos y el calendario vacunal único.
Además, el secretario general de Sanidad informó de que hoy entra en vigor el descuento del 7,5% para medicamentos no genéricos y no sujetos a precios de referencia, una medida que no supondrá mayor carga burocrática para las Comunidades porque se aplicará de forma automática en la factura de julio.
