Hosteleros, tabaqueras y los amantes del pitillo tienen pesadillas con Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social, desde que en julio del pasado año se comprometiera a prohibir fumar en los establecimientos públicos cerrados de un país donde la socialización, aderezada con alcohol y humo, es religión.

La medida, que endurece la normativa de 2006 gracias a la cual los españoles ya no salen ahumados del trabajo, entrará en el Parlamento en junio, se tomará las vacaciones del verano, luego se debatirá en ambas Cámaras y finalmente, en enero de 2011, verá la luz tras un largo y doloroso parto.

Todo ello, claro está, si el agitado devenir de este país no sufre grandes turbulencias y teniendo en cuenta que el primer añito de la criatura será complicado hasta que eche a andar.

Frente a ellos, la ministra es la protagonista de los sueños más bellos de todos los no fumadores, que se ven llegando a casa por las noches con los pulmones a todo motor, sin tos, con la mirada limpia –seguro que caen las ventas de colirios– y sin apestar a tabaco desde el último pelo de la cabeza hasta el dedo gordo del pie.

Quienes dan palmas con las orejas, porque no saben como aplaudir a la titular de Sanidad, son los 800.000 trabajadores de la hostelería que viven sometidos a un aire contaminado por miles de sustancias tóxicas, por las que cada año mueren en España 5.000 fumadores pasivos.

Las cardiopatías, cánceres, bronquitis o asma, entre otras patologías causadas por el tabaquismo pasivo, están consideradas como “enfermedad común” cuando, en realidad, deberían tener calificación de “enfermedad profesional” para quienes pasan entre 8 y 10 horas en un barra o atendiendo mesas.

Contemplado desde el ámbito de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, los empleados de la hostelería, el ocio y el juego estarían expuestos a productos químicos y cancerígenos de un riesgo considerado intolerable.

Estarán de enhorabuena los grupos especialmente susceptibles, que han de ser protegidos, entre los que se encuentran los niños, adolescentes, personas con patologías respiratorias y las embarazadas.

Precisamente, el Día Mundial Sin Tabaco se centra este año en las mujeres, quienes, lamentablemente, cada día fuman más y superan en consumo a los hombres en la franja de edad comprendida entre los 16 y los 24 años.

Según la última Encuesta Europea de Salud, publicada en diciembre de 2009, el 31,5% de la población española a partir de los 16 años declaraba haber fumado en el último año, dos puntos más que en el ejercicio anterior.

Lo cierto es que una horquilla de entre el 50 y el 70% de los españoles han dado el visto bueno a esta prohibición en múltiples sondeos, conscientes de que el tabaco es la primera causa de muerte en el mundo y de que provoca una treintena de enfermedades graves.

Todas las sociedades científicas, los partidos políticos –incluido el PP, que tantos escollos puso a la Ley de 2006 en Valencia, La Rioja, Castilla y León y Madrid–, los sindicatos y las organizaciones de consumidores se inclinan a favor de este proyecto.

Infinidad de campañas y estudios científicos se han difundido en los medios de comunicación, para que la gente sepa que unas 60.000 personas pierden cada año la vida en España por culpa del tabaco, una cifra mayor que el conjunto de fallecidos por accidentes de tráfico, sida y drogas ilegales.

A este mensaje se han sumado las cajetillas, que se seguirán vendiendo en los bares, pero con imágenes espeluznantes sobre las consecuencias de este hábito que valen más que mil palabras.

Estos argumentos no parecen achantar a los propietarios de los establecimientos de ocio nocturno que han puesto en marcha una campaña, bajo el lema “Defiende la noche” porque, según sus estimaciones, la reforma de la Ley Antitabaco destruirá 15.000 empleos y obligará a cerrar 3.000 locales en todo el país.

La Federación Española de Hostelería aventura daños mayores y, todo ello, en plena crisis económica: el cierre de 70.000 establecimientos y la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo.

La propuesta de Jiménez llega en el peor momento económico de la hostelería en los últimos 15 años, especialmente entre los pequeños bares que ya sufren pérdidas cercanas al 25%, y de los locales de ocio nocturno, que podrían experimentar un impacto incluso superior al 15%, según sus cálculos.

Desde el otro bando, algunos estudios como el de la Asociación de Economistas de la Salud, y otros encargados por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), revelan que impedir fumar en los locales no ha revertido negativamente en la economía de ningún otro país, sino que, más bien, el efecto ha sido positivo.

La propia ministra ha echado mano de numerosos análisis realizados en países extranjeros, como arma para combatir en esta guerra, en los que se llega a la conclusión de que las consecuencias en la economía son nulas.

Y se refiere a la experiencia de otros países como Italia, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos y otros, similares culturalmente al nuestro, como México, Chile o Argentina.

Actualmente está permitido fumar en restaurantes y bares de menos de cien metros cuadrados, que suponen el 80 por ciento del total, con lo que los efectos prácticos de la Ley vigente son muy limitados.

De hecho, sólo 40.000 de los más de 350.000 locales de ocio existentes en España están libres de humo o cuentan con espacios compartimentados para los fumadores.

Pero España quiere subirse al carro de la propuesta hecha por la Comisión Europea para que en 2012 todos los países de la UE prohíban fumar en bares y restaurantes.

Un total de trece países europeos, que suman un conjunto de 220 millones de habitantes, ya están protegidos del humo ambiental del tabaco y, según Jiménez, nosotros no podemos ser menos.