La Organización Médica Colegial (OMC) espera que el Ministerio de Sanidad, tras endurecer la ley que limita el consumo de tabaco en los lugares públicos, afronte una iniciativa para tratar de reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes.

Así lo expresó el presidente de esta organización, Juan José Rodríguez Sendín, tras la celebración en Madrid de la Asamblea General de la OMC.

En declaraciones a periodistas al término de la reunión, Rodríguez Sendín señaló algunos “claroscuros” en la gestión del Ministerio de Sanidad, y ha citado entre los aciertos la iniciativa a favor de endurecer el consumo de tabaco.

Pero tras citar ése como “un éxito” del Ministerio de Sanidad, Sendín incidió en la importancia de acometer reformas legales para limitar el consumo de alcohol entre los jóvenes, y consideró “lamentable” que las fuerzas políticas atiendan en ese debate solo sus intereses políticos.

Además de la futura regulación del consumo de tabaco en lugares públicos, Sendín valoró las declaraciones de responsables del Ministerio de Sanidad a favor de la colegiación obligatoria de los médicos, una reivindicación histórica de la OMC. Pero insistió en sus críticas a la nueva regulación del aborto, y al hecho de que el Ejecutivo haya convertido un delito “en un servicio”.

Rodríguez Sendín opinó no obstante que el desarrollo de la ley ha mejorado respecto a las posiciones iniciales, y citó en concreto la regulación de la objeción de conciencia de los médicos o la necesidad de informar a los padres de las menores que quieren abortar.

A su juicio, el médico es uno de los profesionales que mejor puede conocer la situación de una menor y detectar si existen problemas familiares que aconsejen no informar a los padres, pero ha distinguido de la situación que se puede registrar en un pueblo y la que se puede registrar en una gran ciudad como Madrid.

También se refirió a los recortes salariales del Gobierno entre los empleados públicos, e incidió en la importancia de que las medidas que se apliquen en las diferentes comunidades autónomas sean “equitativas” y no contribuyan a aumentar las diferencias ya existentes entre los profesionales de distintas autonomías.