La concejala de Enseñanza del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha lamentado hoy la “arbitrariedad” con la que ha actuado la nueva Mesa del Parlamento Andaluz al negar la prórroga del plazo para la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular sobre la bajada de ratios escolares. Hasta la fecha todas las solicitudes de prórrogas de ILP siempre se habían concedido automáticamente pero la postura de la Mesa, contraria al criterio de los servicios jurídicos del Parlamento, ha negado a la comisión promotora de dicha ILP los seis meses previstos legalmente para recoger las 40.000 firmas necesarias.
Fernández ha asegurado que la decisión tomada por la nueva Mesa del Parlamento “sólo se puede calificar como escandalosa. Es la primera vez que ocurre, ya que las prórrogas siempre se han concedido automáticamente y en este caso además sólo hemos tenido poco más de cuatro meses para recabar esas 40.000 firmas. Es una decisión totalmente arbitraria que refleja el miedo de la administración que tiene que tomar las decisiones por someter a discusión un tema que creemos que cuenta con un amplio consenso de la comunidad educativa”.
La concejala de Enseñanza ha recordado que “en esta Iniciativa Legislativa Popular participan más de 30 colectivos y organizaciones de todos los sectores educativos, incluyendo sindicatos y asociaciones de familias, y la bajada de ratio es un tema en el que hay bastante unidad entre todos los ámbitos”.
Por ello, “la administración que lo gestiona no puede mirar hacia otro lado. Más allá de tomar las medidas judiciales necesarias, tenemos que denunciar esta decisión totalmente arbitraria y desde luego si este es el talante con el que la Junta va a gestionar la Educación, que sepan que nos van a tener enfrente”, ha incidido Fernández.
Cabe recordar que esta ILP propone la reducción del número de alumnos y alumnas en las aulas de todos los niveles educativos, así como el establecimiento de una ratio máxima adecuada para la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales.
Conforme a la ley 5/1988 de Iniciativa Legislativa Popular de Andalucía, una vez que se admite la proposición popular, la comisión promotora presenta ante la Junta Electoral los pliegos necesarios para recoger las firmas, que le han de ser devueltos sellados en 48 horas. En esta ocasión, sin embargo, tras haberse admitido la proposición el 11 de febrero, la Junta Electoral ha cambiado el procedimiento y ha asumido por sí misma la elaboración de dichos pliegos, para entregarlos el 14 de marzo de 2022. Así que los promotores sólo han dispuesto de poco más de cuatro meses y medio para recoger las 40.000 firmas necesarias, en lugar de los seis meses habituales. Aun así, en este momento ya hay unas 35.000 firmas debidamente certificadas y custodiadas en las sedes de la comisión.
Desde la promotora se va a interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por vulneración del derecho de participación política del art. 23 de la Constitución, que ya se está elaborando. Al mismo tiempo, va a lanzar una campaña para que en los días que queden se consigan firmas de sobra para lograr que el Parlamento entre finalmente a debatir la bajada de la ratio en los centros escolares públicos.
