La petición del secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, a Navantia y SEPI para que no desaprovechen la oportunidad de captar contratos para la construcción de gaseros, ante la crisis derivada por la invasión de Ucrania, la necesidad de importar el gas licuado y la posibilidad del cierre de gaseoductos rusos, no es nueva.
En febrero, el entonces diputado nacional de Unidas Podemos Juan Antonio Delgado ya lo hizo, apelando a la experiencia del astillero de Puerto Real en este tipo concreto de buques.
El Gobierno, sin embargo, no parece por la labor, aunque sostuvo en respuesta parlamentaria que “Navantia siempre contempla la construcción” de gaseros.
Sin embargo, advierte de que “a finales de la década de los 90 en Europa se desarrolló una tecnología habilitadora para el transporte marítimo por gas que fue aprovechada por algunos astilleros europeos”, pero esta “tecnología fue rápidamente absorbida por la industria asiática, que consiguió ser mucho más competitiva”.
Y concluye remarcando que “los precios siguen estando muy por debajo de los costes objetivos alcanzables en los astilleros europeos de la tipología de Navantia, lo que implicaría entrar en pérdidas notables en este tipo de operaciones, sin tener en cuenta además otras variables de alto riesgo”.
El Gobierno fía el futuro a “elevar el número de reparación de buques”, y a la línea de Energías Verdes. Sin embargo, Unidas Podemos esgrime un estudio que indica que entre 2016 y 2020, cuando convivieron en el astillero la construcción de cuatro petroleros y tres plataformas offshore y jackets de soporte de aerogeneradores, las Energías Verdes no aportaban ni el 20% del empleo.
