Un mes antes del inicio de la Cumbre, el Gobierno de Dinamarca amplió las competencias de la Policía, aumentó las penas de prisión y endureció la legislación para aplicar la prisión preventiva y evitar altercados de orden público.
Fruto de esa legislación, la Cumbre finalizó con multitud de detenciones, entre ellas las del director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, y otros tres activistas de la organización, quienes el pasado 17 de diciembre se colaron en la cena de gala que la reina de Dinamarca ofreció a los jefes de Estado y de Gobierno al término de la Cumbre del Clima de Copenhague.
Los cuatro permanecen en prisión preventiva, en régimen de aislamiento e incomunicación y sin fecha de juicio, hasta que finalice la investigación policial el próximo 7 de enero.
El director de Greenpeace Internacional, que realiza una gira por los países de origen de los cuatro detenidos para reclamar su liberación, ha criticado la detención preventiva que se ha aplicado a los cuatro activistas “pese a que Greenpeace ha ofrecido información y colaboración en todo momento”, y “jamás ha eludido una cita con la justicia”.
Para Kumi Naidoo, la detención de los cuatro miembros de Greenpeace es un “atentado a los derechos humanos”, además de un acto “desproporcionado, injusto, innecesario y completamente falto de compasión”, ya que los cuatro llevan 21 días incomunicados y han pasado las Navidades sin ver a sus familias.
El director de Campañas de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha anunciado, no obstante, que gracias a la labor diplomática del Gobierno español y de la organización ecologista, López de Uralde podrá recibir hoy la visita de su mujer Koro Castellano, y de su hermano Íñigo.
No obstante, desde Greenpeace la noticia no es tan alentadora como para pensar que el próximo día 7 de enero quede libre.
Ese día se celebrará una vista en la que el juez puede decretar libertad sin cargos para los detenidos, la ampliación de la prisión preventiva o fijar los cargos definitivos y la fecha del juicio, en cuyo caso quedarían en libertad a la espera de ser juzgados.
Por el momento, los detenidos están en prisión preventiva acusados de falsificación de documentos, suplantación de una autoridad pública y por allanamiento de morada.
