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Miércoles 05/10/2022  

España

El impuesto a la banca favorecerá a entidades de fuera al competir en España y la UE

El nuevo gravamen se aplicará sobre entidades que tienen ingresos por intereses y comisiones de más de 800 millones de euros

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  • La vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño

El impuesto a la banca que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez favorecerá a entidades de otros países a la hora de competir en España y en la UE, según alertan fuentes del sector que se sienten perjudicadas porque el nuevo gravamen se aplicará sobre entidades que tienen ingresos por intereses y comisiones de más de 800 millones de euros.

Con este umbral fijado por las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, denuncian que parece excluirse a todas las entidades que operan en España a través de sucursal, puesto que a las principales compañías se las grava mientras a otras se las exime "sin razón aparente ni justificación de esa cifra concreta que parece diferenciar cuáles tienen esos beneficios extraordinarios”.

Además, apuntan que existen numerosas sucursales de entidades extranjeras que operan con licencia bancaria, en algunos casos de forma "muy rentable" pero sin el tamaño necesario en este país para que se le aplique el nuevo impuesto. También señalan a otros competidores no bancarios como 'fintechs' y 'big techs' que se dedican a realizar operaciones de crédito en productos específicos: crédito al consumo, crédito hipotecario, tarjetas, avales, ‘leasing’, ‘factoring’, buy now pay later, etc.

En este último caso, esas empresas se verían aparentemente y potencialmente beneficiadas por una subida de tipos sin verse perjudicadas por el nuevo impuesto que han diseñado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Nadia Calviño y el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero para gravar los beneficios de los bancos en plena escalada de la incertidumbre internacional como consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania y el uso de la energía como mecanismo de presión a la UE.

Pese a las recomendaciones del Banco Central Europeo, que en 2019 ya aseguró que cualquier impuesto 'ad hoc' aplicado a los bancos con fines presupuestarios sería indeseable en la medida en la que tales impuestos impondrían cargas indebidas a los bancos, el Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones que no piensa atender las quejas del sector y los consejos del órgano financiero comunitario.

La pasada semana se produjo una reunión del secretario de Estado de Hacienda con técnicos de las asociaciones y las entidades donde se comprometió a enviar el texto del nuevo impuesto al Banco Central Europeo para que emita un informe. Pero, de momento, el sector bancario considera que el impuesto planteado por PSOE y Unidas Podemos podría entrar en conflicto con el ‘principio de proporcionalidad’ al entender que "no se respeta el principio de generalidad" que impera en cualquier tributo y "supone una amenaza a la competencia flagrante", según indican desde una de las grandes entidades financieras al recordar que afectará a la competencia nacional y a la europea, donde estas firmas operan en un mercado único.

Entre los puntos que la banca ha querido hacer ver sin éxito al Gobierno destacan que “la adopción unilateral de este tipo de medidas deteriora la capacidad competitiva de las entidades financieras con actividad en España en el mercado único europeo y, además, la falta de previsibilidad de las mismas genera inseguridad jurídica y desincentiva la inversión en nuestro país”.

Además, las entidades financieras recalcan que el impuesto debería ser para todos y no discriminar, ya que “si se pretende gravar el mayor beneficio que presumiblemente se derivará de la subida de los tipos de interés, el nuevo impuesto debería recaer sobre todas las entidades que desarrollen una actividad financiera y en las que se manifieste la capacidad económica objeto de gravamen”, aseguran fuentes del sector.

Por tanto, para no conculcar estos principios, no se podrían establecer exenciones o bonificaciones atendiendo al domicilio fiscal, la forma jurídica adoptada por la entidad, volumen de negocio, activos o pasivos, o cualquier otro parámetro similar que discrimine entre sujetos pasivos que tengan la misma capacidad económica real.

 

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