Tal y como desveló en exclusiva INFORMACIÓN, el que fuera jefe del Grupo II de la Udyco II de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Cádiz, V. R. R., tendrá que responder ante la justicia como imputado por su presunta participación en delitos contra la salud pública, falsedad de documento público cometido por funcionario y por omisión del deber de perseguir delitos, siendo sobreseídas las actuaciones como presunto autor delito de cohecho.
El Juzgado de Instrucción Número 4, a través del magistrado Luis de Diego Alegre, ha emitido un auto inculpatorio que deja en evidencia alguna de las actuaciones del que fuera inspector jefe del Grupo II de la Udyco II, V. R. R. En el apartado de Antecedentes de Hecho, el auto señala que “con fecha 1 de septiembre de 2007, se presentó por parte del Testigo Protegido Número 1 (en adelante TP1), una denuncia escrita turnada a este Juzgado contra V. R. R., funcionario policial nº 864.126, en dicha fecha Jefe del Grupo II de Udyco II de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Cádiz, por unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito contra la salud pública, falsedad documental y delito contra la administración de justicia y omisión del deber de perseguir delito”.
El Auto es inculpatorio
El auto señala que “de las diligencias instructoras practicadas hasta la fecha se desprende de forma indiciaria que en fecha no declarada, pero a partir del nombramiento a mediados de 2005 del inspector V. R. R. como jefe del Grupo II de Udyco de Cádiz”, grupo dedicado a la represión del tráfico de drogas en pequeña escala, “comenzó la colaboración de dicho funcionario policial y el TP1” quien realizaba labores de informante.
Este Testigo Protegido “era conocido en el ámbito policial porque se dedicaba de forma más o menos habitual a la venta de pequeñas cantidades de hachís y conocía los lugares e individuos que se dedicaban a dicho tráfico, generalmente de hachís, en zonas de Cádiz con difícil control policial”.
El auto señala que “como consecuencia de dicha colaboración y con motivos no especificados, probablemente de índole profesional y la necesidad de resultados... en diversas ocasiones el mencionado inspector solicitó a TP1 que vendiera hachís a personas que eran sospechosas de dedicarse a dicha actividad ilícita y así poder detenerlos, llegan en algunos casos a facilitarle a TP1 hachís procedente presumiblemente de otras incautaciones, facilitarle dinero para su adquisición o permitir que dicho testigo su compra”. Mediante este tipo de actuaciones, el inspector realizó diversas actuaciones policiales descritas en el auto.
Alguna de las personas detenidas mediante este procedimiento ilícito, están aún cumpliendo condena a pesar de que es casi evidente que cayeron en una trampa, ilegal a todas luces, y que sólo sirvió para aumentar los supuestos méritos policiales del citado inspector. Muchos de estos casos fueron archivados o sobreseídos, aunque tuvieron gran repercusión en los medios de comunicación locales.
Bar ‘Los Cristales’
Son varios los casos documentados en los que supuestamente el entonces jefe del Grupo II de Udyco II forzaba los delitos para aumentar su cupo de detenciones, lo que al parecer le conllevó la concesión de una medalla al mérito. Entre estos casos, descritos en su mayoría en el auto del juez, destaca el caso del Bar Prieto, conocido en Cádiz como Bar Los Cristales.
Según cita el auto, “el inspector le encargó a TP1 que depositara hachís en el servicio o aseo” del citado establecimiento, “dado que según información policial se traficaba con droga de forma habitual”. Simplemente se sospechaba, no había pruebas, ni sentencias judiciales al respecto. Pero el inspector supuestamente quiso acelerar todo el proceso, saltándose los derechos constitucionales que amparan a los ciudadanos, e instó a TP1 a que introdujera hachís en el Bar Prieto, concretamente en los aseos.
Dicha operación se realizó el 10 de marzo de 2006, cuando “tras cumplir el TPI con lo acordado, se realizó un registro policial donde se encontraron en dicho aseo aproximadamente 20 gramos de hachís que le había entregado el inspector V. R. R.”.
Tras registrar a los clientes “fue detenido F. T. G. con 27 gramos, dando lugar a las diligencias policiales 1991/06” y posteriormente a las diligencias previas 597/06, del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Cádiz que fueron archivadas tras petición del Ministerio Fiscal. Además, el auto señala que “también se inició el expediente administrativo contra el titular del bar procediendo al cierre cautelar, que fue recurrido y alzada dicha medida”.
Ahora el inspector V. R. R. aún en activo, se enfrentará a un juicio en el que la acusación, entre otras pruebas, cuenta con grabaciones efectuadas por el TPI y en las que se escucha perfectamente al inspector V. R. R. ordenarle las distintas actuaciones supuestamente ilícitas.
De hecho, el juez señala que, junto a otras pruebas, como el informe de Asuntos Internos, que es demoledor, “se puede llegar al convencimiento de que existen indicios incriminatorios suficientes para considerar los hechos investigados respecto del inspector V. R. R. como presunto autor de los hechos reseñados”.
Medidas cautelares, no, ascenso, sí
Los hechos que se juzgan ocurrieron en un periodo de tiempo en el que el imputado, V. R. R. era el jefe del Grupo II de Udyco II de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Cádiz. Este grupo se dedicaba a la lucha contra el menudeo de droga. Tras comenzar la investigación a manos del Juzgado de Instrucción Nº 4, en septiembre de 2006, este agente siguió en su cargo incluso después del informe de Asuntos Internos elaborado a petición del juez instructor. Un informe que pocas dudas dejaba sobre la culpabilidad o no del acusado, al menos sobre la necesidad de seguir el procedimiento judicial, cosa que así ha hecho el juez, quien en el auto tacha algunas de las pruebas como “bastante reveladoras”. A pesar de todo ello, el funcionario policial siguió en su cargo durante las diligencias previas, sin que nadie tomase medidas cautelares para alejarle del servicio. Y lo que es peor, no sólo no le alejaron del servicio, sino que hace apenas cinco meses, se le trasladó al Grupo de Udyco I, dedicada al tráfico a gran escala. Un premio, un ascenso, que seguro alguien deberá explicar viendo el auto del juez.
