Aunque la imagen de consenso era evidente, algún que otro representante público aún no se explica cómo se pudo fallar en “las formas”, lo que supondrá un nuevo retraso en un proyecto ya de por sí complicado tanto en su proceso jurídico-administrativo como en su desarrollo final.
El comunicado, leído por la presidenta del Consorcio de Las Aletas, explicaba que “nada más conocerse el fallo del Supremo... se tomó la decisión de suspender temporalmente las obras que se estaban llevando a cabo en ese área (las 287 hectáreas de reserva demanial pertenecientes al Dominio Marítimo-Terrestre) a la espera de analizar con mayor detalle las consecuencias jurídicas de la sentencia, y se encargó inmediatamente a la Abogacía General del Estado el estudio de dicha resolución judicial...”.
Y es en esta fase en la que se encuentran en la actualidad, como recordó Juana Lázaro, recordando que “conviene ser paciente”. Esta frase parecía dirigida a las declaraciones del consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien durante el transcurso de la semana anunció un acuerdo entre la Junta y el Gobierno para solucionar las trabas antes de que finalice el presente año. Lo cierto es que tras el comunicado, el propio Fernández se cuidó de no dar una fecha y tachó sus anteriores declaraciones como “una reflexión en voz alta”.
Lázaro insistió, “es mi obligación”, en la necesidad de “centrarse en la estructura jurídica del proyecto y en la búsqueda de una alternativa viable” que pasa, “por supuesto” por “el estricto respeto y acatamiento de la sentencia, por preservar y proteger el Dominio Público Marítimo-Terrestre como valor prevalente, siendo la reserva demanial el instrumento jurídico adecuado, y no cuestionado” en la sentencia.
Este proceso, el del análisis jurídico de la sentencia y de las alternativas que ofrezcan viabilidad al proyecto, está en manos de la Abogacía del Estado, ente que ya realizó en su día un informe previo sobre el desarrollo del mismo. Aunque ahora se hará cargo de todo el proceso jurídico-administrativo, lo que por el énfasis de las palabras, para el Consorcio de las Aletas, es sinónimo de garantía de éxito en esta nueva etapa.
Tras resaltarse la importancia y el carácter innovador del proyecto, la presidenta del Consorcio vio “conveniente” dejar claro que “el fallo del Tribunal Supremo no anula el proyecto... sino que anula la declaración de la zona de reserva demanial”; que “la sentencia confirma que esa iniciativa de estímulo y fomento económico impulsada por el Gobierno, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Puerto Real, no es ajena a las competencias de la Administración del Estado, sino que exige acotar más algunos extremos”; y en tercer lugar, “y muy importante” resalta que “el proyecto garantiza la restauración y puesta en valor de los elementos medioambientales más relevantes... ahora degradados por el paso de los años”.
Para concluir, el comunicado incidió en que el proyecto “no es una decisión caprichosa” por que que seguirá perseverando “en el cumplimiento de los objetivos para los que fue concebido”, compromiso que se mantiene intacto en “todas las instituciones representadas en el Consorcio”. Claro que no podía concluir este comunicado sin un pequeño aviso a navegantes al indicar que “contamos con el respaldo de los agentes económicos y de la sociedad civil de Cádiz, y estamos seguros que también los partidos políticos, sin excepción, antepondrán el interés general... y respaldarán este proyecto”. Ahí queda.
Paciencia ante el retraso
Cuando se preguntó a la presidenta del Consorcio de Las Aletas sobre qué retraso ocasionará la sentencia del TS, Juana Lázaro lo vinculó al “análisis jurídico” que ya está en manos de la Abogacía del Estado, y “las alternativas” también saldrán del citado análisis. Eso sí, Lázaro no dejó caer ni una fecha, ni una aproximación, sólo indicó que “cuanto antes”.
Juana Lázaro demostró su optimismo al indicar que “la sentencia nos ayuda a concretar aspectos”, a “centrar los objetivos” sobre todo en las cuestiones medioambientales. En definitiva, la sentencia tiene un lado positivo que no es otro que “ayudarnos a corregir errores”, y es que “el consorcio no ha tenido nunca la intención, ni ningún interés en no cumplir la Ley de Costas”, al tiempo que “la sentencia nos impone una línea roja que no podemos traspasar.
Respecto a si será posible continuar con el proyecto sin las 287 hectáreas, Lázaro indicó que “habrá que analizarlo” y es que “la configuración jurídica no está afectada por la sentencia”, y adelantó que “tras el próximo Consejo Rector el 20 de noviembre, acudiré al Consejo Económico y Social de Cádiz” con el objetivo de “tranquilizar” e “informar” aunque “no vamos a realizar ninguna actuación hasta un nuevo ordenamiento jurídico”.
Barroso cree que “no todos respetan la sentencia”, en referencia a WWF
La comparecencia ante los medios estuvo en manos de Juana Lázaro, aunque el alcalde de Puerto Real, Barroso, reiteró que “el Consorcio respeta la sentencia, aunque no todo el mundo lo hace”, quizás refiriéndose a los ecologistas que interpusieron la denuncia. Para el alcalde de Puerto Real “se actuará para subsanar lo subsanable”, al tiempo que señaló que “a pesar de estar en tiempos de crisis y que es fácil adoptar un falso progresismo”, se alegra del compromiso con el proyecto de Las Aletas por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central que “tienen un amplio margen para justificar una huida del proyecto y no lo han hecho”, lo que supone una buena noticia “ y una alegría para Puerto Real”.
Los ecologistas piden la disolución del Consorcio
Las organizaciones ecologistas WWF y Greenpeace pidieron este viernes al Gobierno que desestime el proyecto de construcción del polígono de Las Aletas, en Puerto Real, y la disolución del Consorcio creado para tal fin porque la infraestructura “destruiría las marismas de forma irreversible”.
Tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se reservaban 287 hectáreas de las marismas para la construcción del polígono, WWF y Greenpeace reclamaron a través de un comunicado que se impulse una “alternativa sostenible al desarrollo económico”.
Ante la reunión de ayer en Cádiz de representantes del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía para buscar una salida al proyecto, que pretendía convertir Las Aletas en uno de los mayores polígonos industriales de España, los ecologistas subrayan que la resolución del Supremo es “clara” al anular la reserva de terreno, calificar la marisma como dominio público marítimo-terrestre y reconocer el deber de las administraciones públicas de “conservarla en su integridad”. En este sentido, reclaman un plan especial de restauración de las marismas para que “cumplan su función natural de prevenir avenidas e inundaciones y recuperen su biodiversidad”.
Al respecto, recuerdan que la sentencia del alto tribunal recoge que las administraciones deben asegurar la “defensa y conservación” del dominio público y “garantizar el uso público”, actuaciones que “no se concilian con una actuación que destruye las características naturales de la marisma hasta el punto de hacer inviable su recuperación”.
—Cumplir la legalidad—
El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, confió en que el encuentro sirva para disolver el Consorcio que fue creado con este único objetivo y para “desestimar definitivamente un proyecto del siglo pasado”. La iniciativa del proyecto de Las Aletas está basada “en la destrucción de las marismas”, por lo que reclamó que se protejan los “ecosistemas vitales para la biodiversidad”. Por último, Del Olmo adelantó que la organización ecologista recurrirá a cuantas instancias sea necesario para que se cumpla la legalidad.
