El que fuera consejero de Empleo con Manuel Chaves y uno de los dos únicos procesados en el caso ERE que ha pisado la cárcel, Antonio Fernández, continuará este lunes prestando declaración ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla que enjuicia el caso, como telonero de los dos expresidentes de la Junta que se sientan en el banquillo.

La de Fernández está siendo la declaración más larga de cuantas se han ido sucediendo en relación con el juicio de la llamada pieza política del caso, que tendrá que determinar si existió, como mantiene el instructor, un procedimiento creado y mantenido ex profeso para repartir ayudas de carácter sociolaboral de manera arbitraria y sin ningún tipo de control sobre el destino o el uso del dinero.

Hasta el momento, sólo han declarado los procesados. Una vez que terminen de hacerlo Antonio Fernández, el exsecretario de Empleo Juan Francisco Sánchez y los expresidentes Chaves y Griñán, llegará el turno del más de centenar y medio de testigos del caso, en el que está en cuestión la concesión de 855 millones de euros en ayudas destinadas a empresas y trabajadores en crisis.

Antonio Fernández, controvertido como sindicalista y como consejero de Empleo, ha mantenido en sus declaraciones ante el tribunal que toda la responsabilidad respecto a las decisiones en torno a estas ayudas era de su subordinado Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y el otro procesado que ha pasado ya por prisión. Y, como la mayoría, ha asegurado desconocer la ilegalidad del procedimiento que se utilizó durante una década.

Fernández llegó, incluso, a afirmar que no era necesaria una regulación específica para el reparto de las ayudas de la partida presupuestaria 31L, el famoso "fondo de reptiles" del que Guerrero no paró de hablar durante la instrucción de la causa aunque ahora lo niega, ya que desde 2001 existe un reglamento general de subvenciones de la Junta de Andalucía que le deba cobertura.

Esto lo dijo el  26 de marzo, Lunes Santo, hace justo una semana. Y el reglamento al que se refiere es el que se aprobó mediante el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se regulaban los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Junta y sus organismos autónomos. Lo que no dijo es lo que se recoge de forma taxativa en el artículo 2 de ese reglamento: "De acuerdo con el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las subvenciones y ayudas públicas se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad".

El exconsejero Gaspar Zarrías, en otro tiempo hombre fuerte del Gobierno andaluz y también procesado en el caso ERE, ha mantenido ante el tribunal que existía una regulación para las ayudas que era "pública y notoria", si bien terminó aceptando su incapacidad, ante la insistencia del fiscal, para explicar de qué manera los ciudadanos podían conocer la existencia de dicha regulación o de dichas ayudas, supuestamente públicas y supuestamente notorias, y así acceder a ellas.

Otra de las contradicciones flagrantes en lo que va de juicio es la cometida por el exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, una de las personas más beligerantes contra el denominado "procedimiento específico" para el reparto de las ayudas durante la instrucción del caso e incluso antes, advirtiendo a los máximos responsables de las consejerías afectadas de las irregularidades del sistema.

También procesado, Gómez matizó que las irregularidades denunciadas no implicaban "menoscabo de los fondos públicos", ya que, de haberlo detectado debería, como responsable de la Intervención, haber tomado medidas que nunca tomó. Sin embargo, su declaración como procesado en el juicio se contradice con dos sentencias publicadas días atrás en el BOE en las que el Tribunal de Cuentas, en sendos procesos civiles por las ayudas de los ERE, determina que la concesión irregular de dos de estas ayudas a empresas supuestamente en crisis produjo "menoscabo" en las arcas públicas y obliga al director general que tomó la decisión de concederlas y a las empresas que las recibieron a devolver el dinero.