A media mañana, se acercaron al convento de Santo Domingo, los delegados provinciales de Empleo y de Gobierno de la Junta, Juan Bouza y Gabriel Almagro respectivamente y posteriormente, se acercó el propio Subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez y el vicepresidente primero de Diputación, Federico Pérez Peralta, que coincidieron en la celebración de los cinco minutos de silencio de rechazo a los atentados terroristas de Burgos y Calviá.
Minutos antes de este evento, la propia alcaldesa había señalado que hasta ese momento no tenía constancia de una respuesta ni afirmativa ni negativa a la participación de las administraciones autonómica y central en la reunión, y desde la Subdelegación del Gobierno, el pasado miércoles, se anunciaba que Saucedo no acudiría a la reunión.
Todo parece indicar que la muestra de rechazo al terror de ETA que se celebró en la mañana de ayer frente al Ayuntamiento y la presencia en ella de los representantes de las administraciones ha impulsado dicho encuentro.
Durante el encuentro, los trabajadores han trasmitido a los políticos sus planteamientos, que en palabras del colectivo “no han encontrado rechazo sino más bien comprensión” y se han comprometido a hacerles llegar una propuesta a principios de la semana que viene.
Por otra parte, el colectivo de encerrados ha decidido mantener las medidas de protesta que iban a iniciar en los próximos días a pesar del resultado de esta primera toma de contacto. Unos actos de protesta que tendrán su inició el próximo 10 de agosto con una huelga de hambre. El colectivo está repartiendo unos cuadernillos en los que reflejan sus impresiones y estado de ánimo por el encierro
Además, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, destacó ayer durante la Junta de Gobierno local que ya había mantenido contactos con algunas de las empresas que tienen proyectos del Plan E en la ciudad y que éstas habían ofrecido contratos de dos meses de duración a tres trabajadores del colectivo de encerrados, y que éstos los habían rechazado.
En ese sentido, Daniel, uno de los portavoces del colectivo de necerrados en Santo Domingo, confirmó las declaraciones de la alcaldesa, asegurando que “cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero entiendo que para un padre con cuatro hijos que alimentar, dos meses no le soluciona nada y lo que queremos es una estabilidad para nuestras familias”.
También apuntó el portavoz del colectivo que otros dos parados del colectivo han aceptado sendos contratos de seis meses en una de las obras de la ciudad.
