El presidente del PP ha acusado al Gobierno de intentar “machacar inmisericordemente” a su partido. Es un acusación tan grave que no puede dejarse pasar por alto y obliga a una reflexión. Si Rajoy tuviera razón significaría que España es un país sin separación de poderes, donde el estado de derecho no estaría establecido. Significaría que miembros del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de Justicia del País Valenciano y de la Comunidad de Madrid estarían obedeciendo órdenes políticas del Gobierno. Significaría, también, que cientos de funcionarios del ministerio fiscal y de la policía harían lo propio y que los hechos que se investigan y que están en sede judicial son un invento. Significaría que la operación Gürtel es un invento y que Correa y sus socios jamás actuaron de forma coordinada en una trama delictiva. Significaría que Francisco Camps y Rita Barberá no han mentido cuando han afirmado que no habían recibido regalos. Significaría que el Tribunal Supremo va a dejar sin imputar a Luis Bárcenas.
Es cierto que la velocidad que da a las noticias, la tecnología de la comunicación, hace que la hemeroteca no sea visitada con el sosiego de antaño. Pero un político que aspira a presidir el Gobierno es preso de sus propias palabras cuando tienen la gravedad de las que acaba de pronunciar Mariano Rajoy. Las teorías de la conspiración fueron el motivo central de la defensa del PP para justificar la pérdida de las elecciones en el año 2004. El partido volvió a perder en el 2008.
Ahora la teoría de la conspiración que implica al Gobierno en el intento de “machacar inmisericordemente al PP” es la tecnología que emplea este partido para evitar el contacto con la realidad que él mismo tenía que haber ventilado. Las responsabilidades políticas tarde o temprano se terminan por ventilar. Puede hacerse antes del proceso judicial, independientemente de él –porque hay conductas que sin ser delictivas son éticamente inaceptables– o después de la sentencia judicial. Mariano Rajoy ha optado por no ver mácula en su partido y por echar la culpa al Gobierno.
