Si la primera ronda de comparecencias ante la comisión de investigación de los cursos de formación certificó el “descontrol” en los sistemas de fiscalización y supervisión de las ayudas, la segunda que arrancó ayer dejó también testimonio de que las consecuencias reales del fraude llegan más allá de Andalucía, incluso hasta Bruselas, y que sus efectos se prolongan incluso hasta hoy.
De ello dejó constancia durante su declaración en el Parlamento la interventora adjunta a la Intervención General del área de Control y Fondos Europeos y Subvenciones de la Junta, María Teresa Arrieta. A preguntas de los diputados, reveló que la Comisión Europea decidió hace dos años, en 2014, congelar los pagos a Andalucía del Fondo Social, una de las principales vías de financiación de los programas de empleo. La suspensión aún persiste, aunque auguró que podría levantarse a corto plazo.
La UE, siempre recelosa ante cualquier sospecha de fraude, cerró entonces el grifo al constatar “errores e irregularidades” reconocidos por la propia Intervención andaluza y aún pendientes de verificar, pero también ante la evidencia de que la trama derivada del mal uso de los fondos en Andalucía había estallado ya y se desconocía su alcance.
La interventora no supo cuantificar la partida afectada por esa congelación de fondos, pero de la trascendencia de la alarma desatada en Bruselas da fe otro de los datos aportados: entre 2007 y 2013 la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta ya había dado marcha atrás a la certificación de hasta 46,9 millones en proyectos de formación profesional que iban a ser sufragados por el Fondo Social ante la “desconfianza” que había afloradoen Bruselas por la aparición de los primeros casos en los medios de comunicación y la consiguiente intervención de la Justicia. Las cantidades no se perdieron, sino que fueron “reprogramadas” hacia otras vías de formación reglada.
En otras de las intervenciones, la exinterventora general de la Junta Rocío Marcos afirmó que los controles administrativos de su departamento “están hechos para intentar mejorar las cosas”, “no para detectar fraudes” y que cuentan con “limitaciones”. “Los interventores no tienen las facultades de la Policía para entrar en casa de nadie o mirar ordenadores”, matizó.
