La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reiterado hoy que la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía no se aplicará antes de 2016 y ha advertido de que su modificación dependerá de la evolución financiera de la comunidad autónoma.
Montero ha destacado, a preguntas de los periodistas sobre la constitución del grupo de trabajo del PSOE y Ciudadanos para analizar esta reforma fiscal, la importancia de este impuesto para las finanzas autonómicas, pues aporta unos 400 millones de euros anuales.
"Si la recaudación en 2016 se comporta mejor de lo que tenemos previsto estaremos en condiciones de poner los primeros avances sobre la modificación de ese impuesto", ha señalado la consejera, quien ha enfatizado que su minoración "conlleva un impacto sobre la financiación de los servicios públicos que hay que valorar".
También ha advertido de la "alta complejidad" de esta figura fiscal, "que tiene muchas variables", como el grado de consanguineidad, el tipo de herencia o el patrimonio previo de los beneficiarios, y ha recordado que ahora sólo la pagan en Andalucía el 2,3 por ciento de familiares directos afectados.
La responsable de Hacienda ha advertido de que, junto a la evolución de los ingresos, la reforma del impuesto dependerá también de si el próximo gobierno central armoniza esta figura fiscal -y de cómo compensará a las comunidades autónomas que la aplican- y del nuevo modelo de financiación autonómica que está previsto abordar en la próxima legislatura.
"Ambas cuestiones están íntimamente ligadas al desarrollo del impuesto en Andalucía y, por tanto, hay que acompasar los ritmos de la modificación del impuesto a estas dos cuestiones si no queremos que Andalucía salga perjudicada", ha aseverado.
Según la consejera, en la reunión constituyente del grupo de trabajo PSOE-C's se ha fijado la "metodología" para analizar la modificación de este impuesto, que se podría aplicar en cualquier momento de 2016, a partir de que se alcance dicho acuerdo y se modifique la ley.
Ha resaltado que el PSOE defiende modular "el primer escalón" de aplicación de este impuesto para reducir la diferencia entre quienes están exentos de pagar y el primer tramo de afectados, así como aliviar la presión fiscal de las clases medias y bajas, pero que mantiene que "las rentas más altas" sigan contribuyendo al modelo fiscal andaluz "progresivo".
También ha destacado que comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Castilla y León, han reactivado esta figura fiscal que los populares siguen rechazando en Andalucía.
Montero ha realizado estas declaraciones antes de exponer el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016 al Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR), una asociación sin ánimo de lucro fundada por cincuenta empresarios y altos directivos.
La consejera les ha asegurado que las cuentas públicas están diseñadas para que "las empresas y los ciudadanos puedan aprovechar las oportunidades del nuevo escenario económico", por lo que ha solicitado la implicación de los empresarios en "una alianza estratégica para el crecimiento de Andalucía".