La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado este miércoles el nuevo protocolo para la atención de menores víctimas de violencia sexual en la comunidad, con el que, según ha destacado, se pretende "agilizar las intervenciones" en este tipo de malos tratos que se registren en Andalucía, y que requieren de una especial "coordinación" dada su especificidad.
En rueda de prensa en Sevilla para presentar el denominado 'Protocolo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las actuaciones y derivación al programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual', la consejera ha resaltado que "una de las prioridades del Gobierno andaluz es la atención a la infancia y velar para garantizar los derechos de nuestros menores".
Este nuevo protocolo es producto de la experiencia acumulada en los años de funcionamiento del anterior documento, aprobado en 2011, y permitirá alcanzar un funcionamiento "más fluido y eficaz" de este servicio público, según ha abundado.
En esa línea, Sánchez Rubio ha destacado que "se pretende lograr una mayor claridad expositiva respecto a aspectos concretos del programa de atención a menores víctimas de violencia sexual, en cuanto a qué se debe hacer, cómo se debe hacer y quién lo debe hacer, todo ello con el fin de facilitar el acompañamiento, la ayuda y la atención especializada de los menores víctimas de violencia sexual que se hallen en Andalucía".
DATOS DE 2014
En su comparecencia, la consejera ha detallado que durante el año 2014 un total de 961 menores fueron derivados en Andalucía al Programa de Evaluación y Tratamiento de menores víctimas de violencia sexual, de los que 671 fueron derivados a programas de evaluación y diagnóstico, y 290 tuvieron que recibir tratamiento tras comprobarse que realmente habían sido víctimas de abusos sexuales.
De los menores que recibieron tratamiento, el 75 por ciento fueron niñas y prácticamente la mitad de los casos atendidos se refieren a violencia sexual por algún familiar de la víctima. Por edades, un 27 por ciento de las víctimas tenía entre cero y seis años, un 36 por ciento entre siete y doce años, y un 37 por ciento tenía entre 13 y 18 años. Además, del total de las víctimas, el cinco por ciento presentaba discapacidad de algún tipo.
La máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha querido destacar que "redoblar y aunar esfuerzos para ayudar y dar respuesta a estas víctimas y a sus familias es un compromiso y una responsabilidad que asumimos en el ejercicio profesional diario y que queremos hacer extensivo a todos los ámbitos profesionales e institucionales que trabajan en Andalucía del lado de los niños".
Por tanto, el objeto del presente protocolo será definir el procedimiento de derivación así como concretar aquellas actuaciones y funciones que facilitaran la adecuada derivación y funcionamiento del Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores víctimas de violencia sexual.
INTERVENCIÓN "INTEGRAL"
Este servicio tiene una finalidad asistencial, aunque de forma paralela, sus resultados y actuaciones servirán como "base para apoyar las denuncias correspondientes, así como prestar colaboración en procesos judiciales", de forma que ofrecerá una intervención "integral" dirigida a menores víctimas de violencia sexual y a su familia.
Además, una de las necesidades que viene a satisfacer es la definición más específica de las actuaciones y funciones de cada parte implicada, manteniendo en todo momento una perspectiva "flexible y adaptada a las necesidades" de los menores que son víctimas de este tipo de maltrato y fijando los Servicios de Prevención y Apoyo a la Familia de las distintas provincias como "eje central de coordinación interadministrativa".
Como una de las novedades más destacadas de este nuevo protocolo, el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF) será el eje central de la coordinación técnica e interadministrativa, según ha explicado la consejera, de modo que el protocolo establece de manera expresa a este servicio como órgano responsable de las decisiones adoptadas y de la comunicación con otras entidades o instancias.
Además, se establece el uso de la imagen corporativa de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para el programa como referente del mismo, configurándose por tanto como un servicio público, prestado por la Junta de Andalucía a través del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, y no por entidades privadas, lo cual, a juicio de la Junta, supondrá una "mayor garantía" tanto para las personas usuarias como para el personal técnico en las relaciones con otros interlocutores, en referencia a juzgados, Consejería de Salud o Servicio de Protección de Menores.
Por otra parte, se ha modificado y actualizado la denominación del programa, pasando a utilizar 'Violencia sexual' como definición "más correcta y amplia" según la literatura especializada. Este concepto engloba todas aquellas "acciones que obligan a una persona a mantener contacto sexual o a participar en otras interacciones sexuales aprovechándose de alguna situación de vulnerabilidad física o psíquica, así como mediante el uso de la fuerza, la intimidación, el chantaje, la amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad de la víctima".
Además, se trabajará con una ficha única simplificada de derivación, y con carácter general se evaluarán y tratarán menores a partir de los tres años o más, así como a mayores de edad que fueran menores cuando fueron derivados al programa.
MAYOR IMPLICACIÓN DE LA JUNTA
Otra de las novedades más destacadas será la presencia explícita de las familias. Es decir, el derecho a ser atendidas en el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia como órgano administrativo responsable y de referencia técnico-administrativa, así como el derecho a solicitar un informe de resultados adaptado, a excepción de casos judicializados o con expediente de menores. Con respecto a los plazos para la atención, será antes de un mes desde que se reciba por parte de la Entidad la derivación del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia.
La consejera ha destacado que con este nuevo protocolo la Junta asume "mayor responsabilidad" y se pone "a la cabeza directamente" en el control de estas intervenciones, "no a través de segundos o terceros", al hilo de lo cual ha apuntado que hasta la fecha se había producido "mucha disparidad en criterios de entidades que han tenido delegada la responsabilidad" por parte de la Administración autonómica en estos asuntos.
Por último, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que participan activamente en el trabajo con la infancia en este ámbito, en referencia a profesionales de los Servicios Sociales, de la Administración autonómica, entidades colaboradoras especializadas, de la Fiscalía y del ámbito judicial de la comunidad autónoma andaluza.
