La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía favorecerá la oferta de taxis accesibles a personas con movilidad reducida en las futuras solicitudes del sector que tengan como objetivo aumentar la capacidad de los vehículos.

   Así se recoge en la orden que tramita actualmente la Junta de Andalucía para regular el incremento de plazas en los taxis que prestan el servicio de transporte público interurbano, según ha informado este sábado la Consejería en una nota.

   De esta manera, el departamento que dirige Elena Cortés ha iniciado el periodo de participación pública para recoger las aportaciones y sugerencias de los agentes económicos y sociales a esta orden y a la que fijará la composición y funcionamiento del Consejo Andaluz del Taxi, también en tramitación. Se trata, según ha apostillado la Consejería, de dos aspectos pendientes de desarrollo normativo desde la aprobación, en Consejo de Gobierno de febrero del pasado año, del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en automóviles de turismo. 

   La orden por la que se autoriza el aumento de capacidad establece que el vehículo destinado al servicio de taxi podrá alcanzar hasta un máximo de nueve plazas --incluido el conductor-- en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes que no pertenezcan a un área territorial de prestación conjunta, en localidades rurales y costeras, y en ámbitos de baja densidad de población o con núcleos dispersos que hacen que la demanda de este tipo de transporte no se encuentre "debidamente atendida" con los servicios regular y discrecional existentes.

   La norma de la que parte el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros es que el taxi debe contar con cinco plazas y será la Consejería de Fomento y Vivienda la encargada de autorizar las excepciones a esa regla en los municipios que cumplan con esas características.

   En función de ello, la orden estipula que, con carácter general en dichas localidades, se aprobarán vehículos con seis plazas, siempre que una de ellas esté destinada a transporte de personas en silla de ruedas y se cuente con la certificación correspondiente.

   Además, la orden también contempla autorizar siete plazas en los municipios costeros de más de 10.000 habitantes y en los que tengan núcleos de población dispersos, tanto si disponen de transporte público urbano regular de viajeros como si no, siempre que la nueva flota no exceda del diez por ciento el total de licencias existentes. En ambos casos, la Consejería de Fomento y Vivienda velará por que "al menos el 50 por ciento" de los vehículos autorizados sean adaptados.

   Asimismo, en los municipios de menos de 10.000 habitantes que no se integren en un área de prestación conjunta y en localidades rurales o de baja densidad, la Junta podrá permitir también el aumento a siete plazas siempre que los nuevos vehículos no superen el 50 por ciento del conjunto de licencias existentes. En supuestos "excepcionales y debidamente justificados", Fomento y Vivienda autorizará el incremento hasta nueve plazas.

   En todos los casos, serán los ayuntamientos que hayan otorgado la licencia municipal correspondiente los encargados de presentar las solicitudes de carácter interurbano ante la Junta de Andalucía a través de las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda, que tendrán un plazo de tres meses para conceder la autorización.

CONSEJO ANDALUZ DEL TAXI

   El Consejo Andaluz del Taxi es un órgano consultivo en el que estarán presentes las asociaciones más representativas de esta actividad y que permitirá a sus profesionales participar en la ordenación del servicio público.

   Entre sus funciones se encuentran actuar como órgano de consulta entre el sector del taxi y las administraciones competentes en la materia, informar de los proyectos de disposiciones de la Junta que afecten a la ordenación y coordinación del servicio del taxi, elaborar informes y dictámenes sobre este ámbito cuando así lo requiera la Consejería competente en materia de transportes o lo decida el propio Consejo.

   Asimismo, este órgano, "muy demandado por el sector", puede presentar propuestas y sugerencias para la mejora del servicio, y "especialmente para favorecer la implantación del taxi adaptado a usuarios con discapacidad", así como "deberá ser oído en los procedimientos que se inicien para establecer áreas de prestación conjunta y conceder licencias o autorizaciones".

   Igualmente, según recuerda la Junta, el Consejo Andaluz del Taxi tendrá también que ser tenido en cuenta para otorgar autorizaciones que permitan a vehículos de otros municipios realizar el transporte con origen en puntos específicos de gran demanda no atendida por las licencias de dicha localidad, autorizar taxis hasta un máximo de nueve plazas y para fijar por parte de la Consejería competente unas tarifas interurbanas específicas para aquellas poblaciones y áreas de influencia que por sus características así lo requieran.

   El Consejo Andaluz del Taxi tendrá una estructura definida por el Pleno, la Comisión Permanente, las comisiones y subcomisiones provinciales del taxi y los grupos técnicos de trabajo.

TRAMITACIÓN

   Las dos órdenes se han remitido en marzo a los profesionales del sector del taxi, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a los consumidores y usuarios y a colectivos de movilidad reducida para evaluarlas y realizar las propuestas oportunas.

   Una vez recogida estas aportaciones, la Consejería de Fomento y Vivienda analizará e incorporará las que se consideren oportunas en el documento de la orden que deberá elevar al Consejo Andaluz del Transporte, en el que están representados el sector del taxi, las empresas de transporte de viajeros, los sindicatos, la FAMP y la Administración autonómica. Este órgano será el encargado de emitir un informe no vinculante previamente a la aprobación de la orden por parte de la consejera Elena Cortés.