El crac del ladrillo no sólo ha dejado la actividad de los arquitectos bajo mínimos, sino que ha provocado un nuevo problema: el ahogo financiero por la deuda con las administraciones públicas. El Colegio Oficial de Jaén ha denunciado que la administración local y autonómica mantienen una deuda superior a los 5 millones de euros con los profesionales de la provincia. Las consecuencias de esta difícil coyuntura no se han hecho esperar: la reducción “drástica” del empleo y, en algunos casos, el cese de la actividad.

El colectivo lamenta no haber recibido respuesta por parte de la administración, después de haber colaborado “estrechamente” con ellos, aceptando, en ocasiones, “condiciones de trabajo absolutamente leoninas”. Ponen de ejemplo el encargo de proyectos de obra del Programa de Rehabilitación Autonómica de la Consejería de Obras Públicas, en el que se da una “absoluta indefensión” pues no hay contrato previo que regule las condiciones contractuales. En otros casos, una vez terminado el trabajo encargado, se ofrecen para cobrar cantidades inferiores a las inicialmente indicadas.

Ante esta realidad, el colectivo de arquitectos afectados está estudiando las medidas necesarias para tratar de solventar en lo posible esta situación. No descartan, a corto plazo, si no hay una regularización con la firma de contratos o de un plan de pagos, declinar todos los encargos que le lleguen desde las administraciones públicas o dejar en suspenso aquellos que no tengan respaldo presupuestario.

Para los abogados jienenses, es incomprensible como se pueden “vulnerar derechos fundamentales” de los trabajadores y las propias leyes, como la de Contratos del Sector Público. “No tiene justificación que no exista crédito para hacer frente a las obligaciones económicas de estos trabajos”, afirman.