El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto ley de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa para los desempleados que hayan agotado la protección por paro y que conlleva una ayuda de 400 euros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo que en una situación como la actual lo importante es mantener el empleo y ha afirmado que el Gobierno prefiere un trabajador “temporal a un parado”.
El Gobierno ha optado finalmente por modificar el contrato de formación y no hacerlo con el parcial porque éste está funcionando “muy aceptablemente” durante la crisis, según Gómez.
En este sentido, ha recordado que el 15% de los asalariados en España trabajan a tiempo parcial, “prácticamente el doble que hace 7 u 8 años”.
Por ello, el Gobierno ha decidido hacer frente al exceso de paro juvenil ya que en España hay 1,6 millones de desempleados menores de 30 años, y hay 300.000 de entre 25 y 30 años sin cualificación para acceder a la formación profesional.
Además, ha explicado que el nuevo contrato de formación se aplicará de forma general entre jóvenes de 16 a 25 años y “transitoriamente”, durante dos años, entre los de 25 y 30 años y que tendrá una duración mínima de un año y un máximo de tres.
Gómez ha subrayado que no se trata de un “contrato basura” porque su retribución será la establecida en convenio en proporción a la jornada, que es del 75 % de la habitual, frente al 85 % que establecía hasta ahora para estos contratos.
Respecto a la suspensión en dos años del límite en el encadenamiento de contratos temporales, ha insistido en que es una medida concebida para sostener el empleo, que es de carácter temporal y no supone la eliminación de la reforma de 2006, cuyo contenido se restaurará.
“Lo que pretende el Gobierno es que no se destruya empleo, aunque sea temporal, que no se despida a esos trabajadores a los que los empresarios no pueden hacer indefinidos”, ha asegurado.
Respecto al Fogasa, se amplía el plazo en el que se seguirán pagando hasta 8 días de indemnización por despidos objetivos (que conllevan una indemnización de 20 días por año trabajado).
En cuanto al fondo de capitalización del despido (modelo austríaco) se aplaza al primer semestre de 2013, cuando se volverá a negociar con los agentes sociales.
El Gobierno también ha prorrogado hasta el 15 de febrero de 2012 la ayuda de los 400 euros por “justicia social”, ha dicho el ministro Portavoz, José Blanco.
Los dos sindicatos mayoritarios han criticado duramente estas medidas y UGT ha considerado que son “parciales, equivocadas y muy negativas”.
